Mark de Zabaleta
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Esta reproducción exacta en el órgano de gobierno de los jueces del esquema político que impera en el Congreso fue aceptada y bendecida sin rechistar por las asociaciones judiciales adscritas de alguna manera a los dos partidos mayoritarios. Protestaron los jueces no inscritos en las conocidas asociaciones, calificando el acuerdo de “apaño” y de “fraude de ley”, pero aceptaron el hecho sin más los de Jueces para la Democracia vinculada al PSOE y los de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura afín al Partido Popular. Con ese reparto absurdo del poder en el Consejo General del Poder Judicial entre los partidos mayoritarios, la Justicia se debilita, al estar siempre a expensas de los políticos, de sus decisiones arbitrarias y hasta de sus caprichos. Todo un despropósito de la política judicial.

Fue en este contesto, en el que el entonces alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, pronunció aquella polémica frase que se hizo muy famosa: La Justicia es un cachondeo. Desde que los miembros del Consejo del Poder Judicial español pasaron a ser elegidos por el Parlamento, la opinión pública comenzó a desconfiar de la Justicia de manera creciente. Y ese desprestigio, cada vez mayor, aparece reflejado claramente en las distintas encuestas de opinión que se realizaban entre el público en general y, sobre todo, entre los usuarios de la propia Justicia. Los usuarios de la Justicia, los que se han visto inmersos en algún procedimiento judicial, tienen una imagen aún más negativa del mundo judicial que el resto de los ciudadanos.

Ya son extremadamente alarmantes los datos de una encuesta, realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas allá por  el año 1996. En una  muestra muy amplia, realizada en toda España y con una valoración de 1 a 10, los encuestados calificaron  con un simple 3,9 a la Justicia española, lo que supone un suspenso sin paliativo alguno. Ya de aquella, de una serie de instituciones sometidas a examen entre la opinión pública, la Justicia quedaba muy por detrás de la prensa, de los partidos políticos y hasta de la administración local. La valoración de la Justicia por los ciudadanos se encuentra ahora en uno de los momentos  más bajos desde la reforma de 1985. Su valoración es muy similar a la obtenida por el Gobierno de Zapatero al final de su mandato.

El desprestigio de la administración de Justicia ha crecido tanto, que son muchos los ciudadanos que están plenamente convencidos de que los tribunales se dejan llevar por los intereses del Gobierno y que se amilanan ante las presiones que ejercen ciertos grupos económicos y sociales, e incluso ante los medios de comunicación. Han terminado por convertirse en sicarios del poder político y, a veces, hasta del económico. Un porcentaje muy alto, alrededor de un 65%, considera que los jueces, consciente o inconscientemente, favorecen de manera muy clara a los miembros del partido que gobierna, y  perjudican sin mayores problemas a los políticos de la oposición.

Un paradigma evidente del juez politizado es Baltasar Garzón. Quizás sea porque se trata de un juez de izquierdas, como él mismo ha dicho, aunque si es de izquierdas no vale para juez, como tampoco valdría uno que fuera de derechas. Y como juez politizado que es, Garzón ha manejado el cajón de la mesa de su despacho con una maestría y una eficiencia inigualable, unas veces para dormir los casos cuando convenía y otras para despertarlos y desempolvarlos oportunamente. A más de uno le ha hecho pasar injustamente, eso sí, un terrible calvario, aunque después haya sido declarado inocente. Garzón era un mal instructor. Ahí están las estadísticas para corroborarlo. Pero en cambio, ha sabido manejar muy bien los hilos de la prensa española y extranjera, para dar esa imagen  de súper juez o juez estrella, que está incluso por encima del mal y del bien.

Obsesionado por la fama, el juez Garzón se las arreglaba para que los casos más sonados fueran a parar todos a su juzgado. Y como todo le parecía poco, para agrandar su notoriedad internacional, emitió una orden de arresto contra el ex dictador chileno, Augusto Pinochet, por la muerte y tortura  de ciudadanos españoles durante su mandato. Se quedó con las ganas de investigar  al ex secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, por lo de la Operación Cóndor, mediante la cual se instauraron en Sudamérica varias dictaduras. En abril de 2001, solicitó al Consejo de Europa que desaforara al entonces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, ya que le consideraba incurso en una causa de fraude fiscal, vinculada a Telecinco. Y en 2003 ordenó el arresto del famoso terrorista Osama bin Laden.

Embriagado con los aplausos derramados por la izquierda política y mediática, Baltasar Garzón llegó a creer que, más que un guardián de la ley,  era su propia encarnación y que, por consiguiente, podía actuar sin limitación alguna. Y para incrementar al máximo su popularidad, nada mejor que encausar a sus adversarios políticos  favoreciendo así los intereses del PSOE,  y embarcarse tontamente en la investigación de los crímenes atribuibles a la dictadura de Franco. Y nada mejor que  la Audiencia Nacional para emprender, con toda clase de ventajas,  esa guerra absurda contra el Partido popular

La ocasión se la facilitó José Luis Peñas, antiguo concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Majadahonda, que en noviembre de 2007 presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra su amigo Francisco Correa. Utilizando las grabaciones que José Luis Peñas entregó con la denuncia, el juez Garzón pone en marcha, en febrero de 2009,  la tan traída y llevada operación Gürtel. Se detiene a Francisco Correa y a otros cuatro más entre los que está Álvaro Pérez, apodado “El Bigotes” y el militante del Partido popular Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte. Se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

Acto seguido Baltasar Garzón se va de caza a Jaén, con el ministro de Justicia de entonces, Mariano Fernández Bermejo. En la montería, coinciden sospechosamente con la fiscal Dolores Delgado y con el ya famoso comisario jefe de la Policía Judicial Juan Antonio González, que suele ocultar su identidad tras el acrónimo JAG. Como, más que de una operación anticorrupción, se trataba de una operación política de gran envergadura, tenían que preparar cuidadosamente la caza de miembros destacados del Partido Popular, entre los que irán apareciendo el eurodiputado Gerardo Galeote, el senador y Tesorero del partido Luis Bárcenas y Francisco Camps, que posteriormente,  o no fueron citados por el  Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o fueron exculpados o declarados no culpables.

Permaneciendo aún incomunicados en el calabozo y sin tomar declaración a ninguno de los detenidos, se comenzaron a filtrar documentos desde el juzgado de Garzón a El País, con la clara intención de desacreditar mediáticamente al Partido popular. Se revelaron delictivamente al periódico del Grupo Prisa, secretos y conversaciones privadas, logradas mediante interceptación de llamadas y conversaciones privadas. Cegado de su obscena soberbia, se atreve a  vulnerar conscientemente hasta las  garantías constitucionales más elementales y ordena grabar las conversaciones entre varios de los imputados, que estaban en la cárcel por el caso Gürtel,  y sus abogados.

Con anterioridad a estos hechos delictivos, Garzón había empezando a investigar formalmente los crímenes del franquismo y ordenó abrir varias fosas de la Guerra Civil, a pesar de la advertencia clara de la Fiscalía, indicándole que semejante caso escapaba a su competencia. Es evidente que Baltasar Garzón se extralimitó puniblemente en el caso de las escuchas en el caso Gürtel y también en la investigación de los crímenes del franquismo. Esto dio lugar a sendas querellas por presunta prevaricación, una de ellas del abogado Ignacio Peláez, perjudicado con la grabación las conversaciones con su defendido implicado en el Gürtel; y la otra del Sindicato Manos Limpias por investigar la represión franquista sin tener competencia para ello.

Ambas querellas fueron admitidas a trámite por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España, acordando la apertura de juicio oral en ambas causas. Esto determinó que el Consejo General del Poder Judicial suspendiera cautelarmente a Garzón por las escuchas ilegales primero y después por su decisión de declararse competente para investigar los crímenes de la dictadura de Franco. Además de en estos dos casos, tendrá que sentarse una tercera vez en el banquillo de los acusados, acusado de cohecho impropio por los cobros durante su estancia en Nueva York.

Llama la atención que un juez como Baltasar Garzón, después de estar en el ajo durante tantos años, no crea en la Justicia. Eso indica al menos su manifiesta desconfianza hacía tantos jueces del Tribunal Supremo. No cree en su imparcialidad y, por eso, esas sonadas recusaciones de la mayor parte de los magistrados que debían juzgarle.  Y a pesar de conseguir que le aceptaran la recusación de cinco de los siete jueces designados para juzgarle, por previsible falta de imparcialidad objetiva, sigue con sus suspicacias y tremendamente receloso del comportamiento de los que, al final, le van a juzgar.

De ahí que Garzón, si no moviliza directamente a sus fans, alienta las esperpénticas protestas que realizan a las puertas del Tribunal Supremo. Y como aún le parecen poco estas carnavaladas, requiere la presencia en el juicio de ciertos jueces y juristas extranjeros, supuestamente defensores acérrimos de los derechos humanos, para chantajear abiertamente a los miembros del tribunal que lo juzgan. Y si un juez desconfía de la Justicia tan ostensiblemente, ¿qué no harán los ciudadanos de a pié, que no pueden esperar cierto grado de debilidad o comprensión debidas al corporativismo o a cualquier otro motivo?

Menos mal que, con el cambio de Gobierno, es muy posible que desaparezca de una vez la crisis que ha venido perturbando gravemente el funcionamiento de la administración de justicia desde la interesada reforma de 1985. Esa fue, al menos, la promesa de Mariano Rajoy, repetida una y otra vez en todas sus intervenciones en la última campaña electoral. Y según parece, en contra de lo que pensaba el gran cínico de la política Tierno Galván, la llamativa promesa de despolitizar los órganos judiciales fue hecha para cumplirla. Ahí están, para demostrarlo, las recientes declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría en la Comisión Constitucional del Congreso y las del nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ante la Comisión de Justicia del Congreso.

En este sentido, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría anunció que el Gobierno llevará a las Cortes una Ley orgánica que garantice que “las funciones del Tribunal Constitucional se ajustan a la Carta Magna”, confirmando además la recuperación del  recurso previo de inconstitucionalidad y amparo. Dejó bien claro que el Gobierno que preside Mariano Rajoy pretende separar “el poder Ejecutivo, sin paternalismos, del resto de poderes”. La posición del nuevo ministro de Justicia tampoco deja lugar a dudas, En esa comparecencia  suya ante la Comisión de Justicia adelantó que se iba a modificar el sistema de  elección del Consejo del Poder Judicial, volviendo al procedimiento utilizado antes de la reforma de 1985.

Una muestra evidente de que esto va en serio, es el perfil del nuevo Fiscal General del Estado. Nos suena a nuevo que el Fiscal General deje es estar al servicio del Gobierno para ponerse incondicionalmente al servicio del Estado. Si se completan todos los cambios prometidos para hacer efectiva la separación de poderes, los ciudadanos volverán a creer en la Justicia

Gijón, 29 de enero de 2012

José Luis Valladares Fernández

En principio, nada que objetar  teóricamente. Lo malo es que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático utiliza frecuentemente estudios tendenciosos y muy poco fiables para elaborar sus propias conclusiones. El último informe publicado por el IPCC sobre las energías renovables y el calentamiento global carece totalmente de la debida imparcialidad, ya que está basado exclusivamente en un estudio elaborado por Greenpeace en colaboración con el Consejo Europeo de Energía Renovable, el lobby de la industria eólica y solar con sede en Bruselas.

No pueden ser neutrales los miembros del sector energético de las renovables que intervinieron en la elaboración del documento base, juntamente con Greenpeace, por motivos obvios, ya que es normal que barran para casa. El Consejo Europeo de Energía Renovable, en efecto, representa a toda la industria de las renovables a nivel europeo. Tal es así que dicho Consejo se nos presenta asimismo  como una “organización paraguas de la industria renovable europea, asociaciones comerciales y de investigación”. Lo que quiere decir que, además de las empresas del sector, representa también a las diversas entidades tecnológicas y de investigación que se ocupan interesadamente de esta materia.

Tampoco puede ser neutral la ONG ecologista, pues nos tiene acostumbrados a que sus estudios climáticos siguen siempre una línea acorde con sus intereses particulares, sin preocuparse lo más mínimo si de sus informes se derivan perjuicios para consumidores y contribuyentes. Nunca ha sido imparcial Greenpeace. Siempre ha exagerado los desastres y las connotaciones negativas de la energía nuclear, silenciando maliciosamente los aspectos positivos de la misma. Ahí están sus exageraciones, referidas al accidente de la central nuclear de Fukushima, ocasionado por el tsunami que siguió al terremoto del 11 de marzo del pasado año. Pero ocultarán, en cambio, que estamos ante un tipo de electricidad más barato y estable que los demás y que además tiene una emisión muy baja de CO2.

El informe del gran lobby de las renovables, utilizado posteriormente por el IPCC para aconsejar a los Gobiernos, no puede ser más sospechoso. Dicho Consejo Europeo de Energía Renovable, tiene su sede en Bruselas y factura al año una cantidad muy próxima a los 70.000 millones de euros al año. Y a pesar de este volumen de ventas tan alto, es generosamente recompensado con abundantes ayudas y subvenciones de  la Unión Europea. Y con este informe, claro está, se elabora la famosa estrategia 20-20-20 para el año 2010. Se trataba de reducir un 20% las emisiones de los gases que provocan el efecto invernadero; ahorrar un 20% en el consumo de energía; y que las renovables contribuyeran con un 20% al conjunto del sistema energético.

Resulta todo extremadamente claro. Estamos ante un grupo de presión muy particular, dedicado exclusivamente a favorecer sus propios intereses de una manera sibilina. Las empresas renovables, en efecto, asesoran a los distintos gobiernos en materia energética. Y lo hacen con ayuda de dinero público, sugiriendo qué políticas deben implementar y el mejor modo de lograr sus objetivos. Y sin que el contribuyente ni el consumidor tengan vela en ese entierro. Al contribuyente se le esquilma para conformar las primas que reciben estas empresas y que en España rondan los 7.000 millones de euros al año y, como es evidente, el consumidor  cada vez tendrá una electricidad más cara.

El Gobierno anterior,  presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, fue excesivamente generoso primando a las empresas dedicadas a la producción de energía renovable. Su excusa no puede ser más baladí, pues argumentaba que así se fomentaba el desarrollo del sector y que todo ello redundaría en el futuro en una energía más limpia y progresivamente más barata.  Los datos nos dicen todo lo contrario. Las empresas dedicadas a la producción de energía eólica y fotovoltaica, con una producción de 22.657 GWh en 2004, fueron agraciadas con 663.499 euros y en 2010, con una producción de 59.342 GWh, la prima que se llevaron ascendió a la importante cifra de 5.268.090 euros, aparte, claro está, de la cantidad que obtienen con la venta de esa energía.

Es evidente que, con la política energética del Gobierno saliente, salieron enormemente perjudicados los consumidores y los contribuyentes, pues el coste total de las energías renovables, en términos absolutos, se multiplicó por ocho desde el año 2004, y su coste relativo hay que multiplicarlo por tres. Lo que dio lugar a un encarecimiento indiscutible de la luz y, como no,  a nuevas subidas fiscales y que siga, además, aumentando la deuda tarifaria. Durante el año 2010, el precio medio del MWh  en el mercado mayorista fue de 45,12 euros, mientras que el MWh eólico se pagó a 76,84 euros y el MWh fotovoltaico se pagó a 475,6 euros.

El coste de generar energía eléctrica depende de la fuente de producción que se utilice. Por mucho que digan los ecologistas y los detractores  de la energía nuclear, esta es, con mucho, la que resulta mucho más barata, y la más cara la fotovoltaica. Generar electricidad en una central nuclear, teniendo en cuenta la operación y mantenimiento, el combustible consumido, la inversión recurrente, así como el coste de gestionar los residuos, no llega a los 20 euros el MWh. Unos 16 ó 17 euros como máximo. En todo caso, bastante más barato incluso que la producida hidráulicamente, que andaría por los 45 euros el MWh.

Fue en 1984 cuando el Gobierno de Felipe González cometió el disparate energético más absurdo de nuestra historia industrial, limitando el peso nuclear a 7.500 MWh, unos 5.000 menos de los contemplados  en el Plan de 1978-1987. Precisamente por eso, el Gobierno socialista de entonces paralizó las obras de las centrales nucleares de Lemóniz I y II en Vizcaya, Valdecaballeros I y II en Badajoz y Trillo II en Guadalajara que estaban ya casi terminadas. Con esta disparatada moratoria nuclear, provocó unas enormes pérdidas, al menos unos 730.000 millones de las pesetas de entonces, unos 8.000 millones de los euros actuales.

Esta moratoria nuclear no solamente la pagaron las empresas que se habían lanzado a la construcción de nuevas centrales nucleares. Lo pagaron también todos los consumidores que debían hacer frente a un recibo de la luz. El Gobierno socialista de Felipe González, para compensar a las compañías eléctricas por las pérdidas ocasionadas con esa paralización, aprobó una disposición que las autorizaba a incluir en el recibo de la luz un porcentaje determinado para recuperar parte de las inversiones perdidas.

Y si fue una barrabasada mayúscula bloquear en 1984 la terminación y la puesta en marcha posterior de las cinco centrales nucleares citadas,  no es menos aberrante que, a estas alturas, no se haya programado la puesta en marcha de algún nuevo proyecto, o la recuperación del antiguo si aún es posible, pues la moratoria nuclear desapareció con la liberalización del sector eléctrico  en 1997. Hay que tener en cuenta que necesitamos de manera urgente aumentar nuestra producción eléctrica para atender autónomamente la demanda interna y abaratar los costes de la luz eléctrica. Va a ser muy difícil encontrar compañías eléctricas dispuestas a invertir la abultada cantidad de millones de euros que cuesta una central nuclear. Y mucho más, cuando ven que, gracias a las primas y a las subvenciones y a que se requieren inversiones mucho menores, resultan más rentables las energías renovables y las de ciclo combinado.

Si no cambia la orientación, nos quedaremos sin centrales nucleares y, como no será posible autoabastecernos, o volvemos a los arcaicos candiles de antaño o  importamos de Francia ese tipo de energía a precio de oro y correremos con todos los riesgos que puedan derivarse de este tipo de centrales sin tenerlas.  Francia cuenta con 50 centrales nucleares, y algunas  muy próximas a la frontera española. Y si alguna de ellas sufriera algún percance grave, afectaría indudablemente a España. Las centrales nucleares francesas producen ellas solas prácticamente el 80% de la electricidad generada en Francia. Y como las centrales nucleares suelen operar con una carga constante, cuentan con unos excedentes notables de electricidad que exporta tranquilamente sin el menor inconveniente. De ahí que el precio de la electricidad en Francia sea uno de los más bajos de la Unión Europea.

Nosotros, entre tanto, continuaremos contaminando y afeando nuestros paisajes con esas ineficientes placas solares y los molinillos o aerogeneradores eólicos, cuya producción sale mucho más cara. Así que, al contrario de Francia, tendremos la electricidad más cara, o una de las más caras de la media de la Unión Europea. Mientras que en la Unión Europea el precio medio de la electricidad para uso doméstico está en  17,08 euros los 100KWh, en España se sitúa en 18,51 euros,  y que puede subir hasta los 20,04 euros si tenemos en cuenta la diferencia en el producto interior bruto.

Gijón, 18 de enero de 2012

José Luis Valladares Fernández

Mark de Zabaleta

Aunque han sido muchos los responsables políticos que, en todos los ámbitos, han obrado así, los casos más bochornosos fueron los protagonizados por Trinidad Jiménez, que ocupaba la cartera  del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y Valeriano Gómez, entonces ministro de Trabajo e Inmigración. No tuvo el más mínimo inconveniente Trinidad Jiménez para adjudicar 63 millones de euros un día después de perder las elecciones. Más sangrante es incluso el comportamiento de Valeriano Gómez que aprovechó su último día en el cargo para otorgar nada más y nada menos que 152 millones de euros en subvenciones.

Cuando un Gobierno pierde la confianza de los electores y, en consecuencia, sale derrotado en las urnas, sus miembros pasan a ser simplemente ministros en funciones y continuarán en el cargo hasta la toma de posesión de los del nuevo Gobierno. Y la más elemental decencia exige taxativamente que, quien se halle en esa situación, se limite a resolver cuestiones de puro trámite y se abstenga de abordar problemas de mayor calado. Y si lo hace, será siempre con la connivencia del Gobierno electo y siguiendo en todo sus instrucciones. Y conceder subvenciones millonarias, que se sepa, no es una cuestión de puro trámite. Y tanto Trinidad Jiménez como Valeriano Gómez eran ministros en funciones cuando abrieron su tómbola para repartir esa lluvia de millones de dinero público.

Justamente un día después de la debacle electoral de los socialistas, el 21 de noviembre del pasado año, la ministra en funciones de Exteriores, Trinidad Jiménez, tira de chequera y, por mediación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, funde de una tacada esos 63 millones de euros. Aunque buena parte de ese dinero lo distribuye fuera de España, destina  partidas muy jugosas para proyectos sumamente llamativos a desarrollar en España. Y además de llamativos, son también absurdos, y más si tenemos en cuenta la cantidad  de parados que tenemos en España, que sobrepasan los cinco millones.

La ONG española “Al Tarab”, por ejemplo, se lleva 250.000 euros para realizar durante los dos próximos años el “Festival de cine africano de Tarifa”. No menos importante es el encargo que recibe la “Fundación MUSOL” para que, a cambio de una subvención de 125.000 euros, se encargue de la  “Formación e implicación en la Educación para el Desarrollo de los políticos, funcionarios y técnicos de la administración local y autonómica”. Considera la afortunadamente ya ex ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, que es de suma importancia sensibilizar a los jóvenes de ciertas localidades españolas para que se impliquen “en la construcción de una Ciudadanía global para la lucha contra la pobreza”. De semejante proeza se encargará la “Liga Española de Educación y Cultura Popular” a cambio de 108.676 euros.

No acaban aquí las vergonzosas adjudicaciones de dinero, hechas a destiempo y olvidándose de otras necesidades mucho más urgentes. Con la lectura del Boletín Oficial del Estado del pasado 11 de enero, no sabe uno si reírse o montar en cólera. Son muchas las organizaciones agraciadas, además de las ya citadas, pero relacionadas prácticamente todas con el Lobby Gay o entornos feministas. Por citar alguna, nos encontramos con la “Fundación Triángulo”, que se lleva 100.000 euros; “Economistas sin fronteras”, premiada con 208.875 euros; la “Coordinadora Estatal de Organizaciones de Comercio Justo” que se embolsa 290.000 euros.

No cabe duda de que la afortunadamente ya ex ministra, Trinidad Jiménez, ha vivido  obsesionada porque las mujeres puedan disfrutar plenamente de sus derechos sexuales y reproductivos sin el menor inconveniente. Así habilita in extremis 316.904 euros para que las mujeres de Kayes, república de Mali, disfruten sin problemas de todos esos derechos sexuales. En la misma línea, entrega 169.958 euros para “reforzar la capacidad de los jóvenes del sector informal a exigir sus derechos de salud sexual y reproductiva a través de la cultura de Bamako, Malí”. Ella sabrá qué quiere decir con jóvenes del “sector informal”. Y aunque parezca una broma, suelta también 293.899 euros para resolver los “conflictos con los hipopótamos en Guinea-Bissau”.

La actuación del anterior ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez Sánchez es aún más sangrante que la de Trinidad Jiménez. Si Trinidad Jiménez se soltó el pelo un día después  de perder las elecciones, Valeriano Gómez lo hizo un día antes de que se constituyera el nuevo Congreso salido de las urnas,  en el que el Partido Popular va a tener la mayoría más absoluta de nuestra democracia. Los datos completos de semejante desvarío los tenemos en el Boletín Oficial del estado del pasado día 13 de enero. Y este ya ex ministro de trabajo no se anduvo con chiquitas  y, en su último día como ministro en funciones, distribuyo la importante cantidad de 152 millones de euros.

Son decenas de pueblos, tanto de Extremadura como de Andalucía, los que se beneficiaron de esta impensada lluvia de millones de euros, con la disculpa de impulsar el empleo agrario. Aunque la mayor parte de este pastel se lo llevó la Diputación Provincial de Cádiz, a donde fueron a parar, en 76 partidas diferentes, la friolera de 13.298.443 euros para fomentar el empleo agrario. Al lado de esta asignación, lo que se llevó, por ejemplo,  la Diputación Provincial de Córdoba, no pasa de ser una simple limosna, ya que solamente logró 778.000,88 euros.

Tampoco pueden quejarse las organizaciones sindicales mayoritarias por el trato recibido en este reparto de dinero. Fueron varas las partidas adjudicadas a CC.OO. como “Ayudas del subsistema de formación profesional para el empleo: formación profesional de ocupados”. La Confederación Sindical de CC.OO. recibió 7.480.141,26. La Federación de la Industria Textil-Piel, Químicas y Afines del mismo sindicato recibió tres partidas de dinero, una de 230.046,88 euros, otra de 41.820 euros y la última de 660.142,94 euros. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de dicho sindicato fue premiada con dos cantidades importantes, una de 181.900,00 euros y otra de 180.046,96 euros. También hicieron caja FECOMA.CC.OO y la Federación de Industria de CC.OO. El montante total de lo recibido por CC.OO. se acerca a  los 9,5 millones de euros.

La cantidad recibida por la UGT es muy similar a la recibida por CC.OO., unos 9,3 millones de euros distribuidos de la siguiente manera: La Federación de Industrias Afines de UGT se lleva 1.188.370 euros; FTCM-UGT recibe 175.171 euros; Metal Construcción y Afines UGT, 191.166 euros; las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son agraciadas con 111.306 y 112.000 euros respectivamente; y por ultimo la Unión General de Trabajadores de España es beneficiada con 7.600.053,65 euros.

Los empresarios tampoco han sido olvidados en este generoso reparto de subvenciones, toda vez que la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa y la CEOE se vieron recompensadas  con 6.669.491 euros y con 6.598.549 euros respectivamente. A estas cifras embolsadas por los sindicatos de CC.OO, la UGT y por los empresarios hay que sumar los 30.025.756,10 euros recibidos por la Fundación Metal Formación Cualificación y Empleo. Se trata de una entidad dedicada a dar cursos de formación con sede en Gijón y que está participada por los dos sindicatos y la Federación de Empresarios del Metal de Asturias.

Las circunstancias en que fueron concedidas estas subvenciones, dejan al descubierto la catadura moral del Gobierno de Zapatero. No buscan remediar necesidades apremiantes de los ciudadanos, ni siquiera buscan afianzar el bienestar social. Su única preocupación es la de dejar una situación económica lo peor posible para que, los que en breve se harían cargo del Gobierno, les resulte poco menos que imposible arreglar nuestra situación económica. Procuraron intencionadamente dejar deudas astronómicas en vez de dinero, para que el nuevo Gobierno se vea obligado a hacer auténticos malabarismos para enfrentarse a los problemas heredados y obligarles a imponer recortes y subir impuestos, esperando que así incomoden y enfaden a los ciudadanos afectados.

Gijón, 14 de enero de 2012

José Luis Valladares Fernández

Y para coartar o poner trabas al cristianismo, nada mejor que readaptar las costumbres y los ritos católicos a los nuevos aires del laicismo o relativismo moderno. No cabe duda de que así nos olvidaremos pronto de lo que en realidad nos importa, de lo que nos trasciende y nos dignifica moralmente. Y si nos olvidamos de lo que  da sentido a nuestro existir y no a nuestro vivir, les resultará mucho más fácil constituir una nueva iglesia civil y laica, que es lo que realmente pretenden. Con esta malsana intención,  pusieron en marcha el matrimonio civil. Las bodas civiles hoy día pueden compararse ya, en número y magnificencia,  a los matrimonios religiosos. Únicamente les falta un detalle, que de momento no se celebran en una iglesia, pero todo se andará.

Después de los matrimonios civiles, le toca el turno a los bautizos laicos, que se instauran en febrero de 2007. ¿Qué mejor que un bautizo para dar la “bienvenida democrática” a los recién nacidos a la sombra de los principios de libertad, igualdad  y fraternidad o respeto, heredados de la Revolución Francesa. El ceremonial utilizado es muy similar al religioso: se impone el nombre al neófito y, después, el oficiante da lectura a los artículos 6, 12 y 27  de la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña, aprobada por las Naciones Unidas en noviembre de 1989. Recuerda, además,  el artículo 27 de la Constitución, que hace referencia a la educación del niño y finaliza el acto con la firma de la Carta Municipal de Ciudadanía del Niño, en el que los padres se comprometen a defender los derechos de los niños.

El primer niño bautizado civilmente en España fue Marcel Planell, cuya ceremonia laica tuvo lugar en el Ayuntamiento barcelonés de Igualada. El segundo se celebró en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid y el tercero en el municipio malagueño de El Borge en la comarca de Axarquía. Desde aquellas fechas hasta ahora se han ido multiplicando los padres que piden para sus hijos esta alternativa laica al ritual cristiano del bautismo. Ha adquirido tanta importancia el bautismo civil,  utilizado para dar la bienvenida ciudadana a los recién nacidos, que la Generalitat de Cataluña ha editado ya un detallado “ritual litúrgico laico” para bautismos, matrimonios y exequias.

Ha habido una empresa en Galicia, la viguesa Brunet y Conde que, para solemnizar el bautismo laico, ha desarrollado todo un ceremonial privado, bastante más pomposo y atrayente que el que se pueda celebrar en los juzgados o ayuntamientos. Fue precisamente esta empresa la que se encargó de organizar en Redondela la ceremonia laica  del bautizo más fastuoso de los celebrados hasta ahora. Pero el bautizo laico más aireado por los medios de comunicación fue, sin duda alguna, el del niño Leo, el  hijo de Cayetana Guillén Cuervo y Omar Ayyashi, celebrado en la Casa de la Panadería de Madrid. La popularidad de los padres de Leo y la significación política del oficiante, el concejal de Madrid Pedro Cerolo, dieron a este bautismo laico una relevancia mediática desmedida. Después de bendecir “democráticamente” al hijo de Cayetana  Guillén, Cerolo pidió al Ayuntamiento que abriera “un registro y un protocolo” para registrar debidamente estos actos de acogimiento civil.

Si se celebran bautismos alternativos al religioso, es normal que se programen  primeras comuniones laicas y que lo hagan con el mayor boato posible. El alcalde de Rivas-Vaciamadrid, José Masa Díaz, en vista del notable éxito alcanzado por los bautismos civiles, quiere celebrar también primeras comuniones laicas. Los destinatarios de esta nueva ceremonia profana, en todo muy similar a la primera comunión religiosa,  serían los niños de entre 8 y 10 años. Es normal que estos niños, siempre que lo soliciten sus familias, puedan tener también unas fiestas de comunión, a las que se han dado en llamar “fiestas del florecimiento”.

Aunque no hay nada más surrealista y absurdo que, abominando de la Iglesia y de todo lo que esta significa, se procure imitar sus ceremonias religiosas, utilizando incluso hasta los mismos gestos y las mismas palabras. Y para seguir en la onda del disparate, no tardaremos en ver “confirmaciones civiles” y, por qué no, “misas laicas”. Siguiendo el ceremonial laico preestablecido, la “confirmación civil” se celebrará probablemente cuando los jóvenes cumplan los 18 años, para que puedan jurar sobre la Constitución que observarán  fielmente los distintos valores democráticos sancionados oportunamente por los actuales prebostes del laicismo.

Y la misa laica no es un invento puesto en marcha ahora por los actuales apóstoles del laicismo moderno. Viene de muy atrás. Los regímenes comunistas y los nazis, ya intentaron en su día crear una iglesia paralela a la oficial, aunque fracasaron en el intento. Es lo que intentan ahora los nuevos profetas de lo políticamente correcto, instaurar por fin esa religión laica, que sirva de base a la moral personal de los distintos miembros de la misma. Y para buscar adeptos y embaucar a incautos, ejercen  un proselitismo extremadamente más agresivo que el practicado en otras épocas por los católicos y que ellos tanto han criticado.

Y además de parodiar los cultos cristianos, copiando lo más exactamente posible sus ritos y ceremonias religiosas, se apropian también de los nombres que habitualmente ha utilizado la Iglesia para dar nombre a sus sacramentos. No les valen otros nombres y seguirán hablando de bautismos y comuniones a los que agregarán simplemente la palabra civiles o laicos. Un ejemplo muy claro de testarudez olímpica lo tenemos en que, a toda costa, había que dar el nombre de matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo. No les valía ninguna otra aunque prácticamente tuviera los mismos efectos jurídicos que reclamaban. Aunque la palabra matrimonio indica complementariedad y se refiere a la unión de dos personas que se complementan entre sí, se obstinaron en aplicarla también a esas otras uniones donde no hay posibilidad de ningún tipo de complemento humano. A ver lo que tardan en exigir que se les deje utilizar los templos o las iglesias parroquiales, para celebrar esos actos laicos en idénticas condiciones y con el  mismo boato que los católicos.

Gijón, 5 de enero de 2012

José Luis Valladares Fernández

Mark de Zabaleta

No hay duda que el motivo de los recortes es la mala gestión de los Gobiernos de Zapatero. Se tomaron lo de llegar al poder como si fueran las ‘fiestas del pueblo’ y solo sabían gastar y gastar sin límite ni control. Además de agotar la hucha que habían generado los Gobiernos de Aznar, se despreocuparon de aportar de vez en cuando. Y esa misma tónica siguieron los sindicatos de clase: mientras ellos recibían ‘mamandurria’ les daba igual el resultado final. Y, señores ¡ya han visto cómo nos cubre el pelo! Hasta los jubilados se sienten defraudados y ‘estafados’.
Independientemente del resultado, el caso es que gran parte de los pensionistas volverán a ‘jurar en arameo’ cuando vean su nómina. En 2012 volverán a perder poder adquisitivo. Y lo volverán a perder un año más. Bien es cierto que Mariano Rajoy ha cumplido su compromiso electoral de actualizar las pensiones — cosa que no se hizo en 2011 porque había que luchar contra el déficit público y mantener el engaño propio de la aturdida izquierda– pero también es verdad que con el aumento del IRPF a muchos de los jubilados se les va a quedar la cara de cuadro.
Lo peor de todo es que muchos jubilados no lo van a entender porque  es sabido que la izquierda basa sus postulados en la mentira y en el engaño. Pero la derecha ‘Mariana’ no parecía moverse por esos mismos derroteros; daba otra sensación: confianza, seguridad,…. Al final, tanto me da que me da lo mismo. La actualización de las pensiones basada en el coste de la vida queda anulada con el exagerado recargo del IRPF; no solo lo van acusar los ‘curritos’ sino todo contribuyente, incluidos los pensionistas. ¡Mal empieza Mariano! Doy fe.
No serán todos los jubilados quienes se lleven el chasco pero hay más sorpresas negativas: la congelación salarial de los funcionarios (eso hará que muchos funcionarios compaginen su condición de funcionarios con otros puestos de trabajo para completar el mísero  sueldo funcionarial, pues de todos es sabidos que miles de ellos se ven en la necesidad de compaginar varios trabajos para poder subsistir), el aumento de la jornada laboral (aunque acabará siendo una mofa integral, porque quienes hacían más horas de la cuenta, acabarán haciendo lo estrictamente marcado por la ley) y  la reducción al mínimo de la oferta de empleo público. Lo más llamativo, y que hará que los funcionarios no trabajen ni un minuto más, es lo publicado por el BOE respecto a que los  funcionarios públicos se quedarán en el año 2012 sin aportaciones para sus planes de pensiones.
Con las medidas del Gobierno, la mofa va a ser integral en muchos aspectos. Y no solo no va a ahorrar sino que el resultado va a ser muy negativo. Todo el apoyo que parecía haberse ganado Mariano, se va a convertir en absentismo inevitable. Miren ustedes: no tiene sentido bajar el sueldo a los funcionarios (la congelación más la subida del IRPF da como resultado descenso del sueldo) y mantener miles y miles de liberados sindicales, cuyo coste supone varios miles de millones de euros, no solo por el coste en sí sino porque hay que reponer personal en su puesto de trabajo. Esa reposición se llama abuso mientras los sindicatos no corran con el coste de las liberaciones.
En fin, como decía Lorca: “mira a la derecha y a la izquierda del tiempo y que tu corazón aprenda a estar tranquilo”.

Quizás se deba este complejo de inferioridad a que la derecha, como colectivo político, es en buena medida una creación de la propia izquierda. Pues es incuestionable que el primer partido que nace con la Revolución Francesa,  recibe el apelativo  de izquierdas y está formado por una gran masa de burgueses y campesinos que, cansados de aguantar injusticias y de pasar hambre, se levantan en 1789 contra el poder establecido. Dirigidos por Robespierre, por Danton y por Marat, al grito de  ”Libertad, Igualdad y Fraternidad”, asaltan violentamente la Bastilla y ponen fin al antiguo régimen absolutista. Y esta izquierda radical y revolucionaria comenzó a considerar de derechas a sus enemigos políticos, a los conservadores que se oponían a cambiar por la fuerza el orden preestablecido.

El caso es que, mientras la izquierda, a pesar de sus fracasos electorales, se regodea de su significación política y hasta se permite el lujo de mostrar como propias ciertas conquistas sociales en las que no ha tenido ni arte ni parte, la derecha se avergüenza de sí misma y busca subterfugios para disimular su situación política. Pendientes siempre del “qué dirán”,  abominan de la derecha y buscan con ahínco posiciones más neutras y menos comprometidas, como es el centro. Ni siquiera se atreven a celebrar sus propias conquistas sociales, normalmente más importantes que las de la izquierda. Su obsesión exclusiva es estar continuamente viajando al centro, sin darse cuenta que esto implica inestabilidad, ya que su posición dependerá siempre de la que ocupen las demás fuerzas políticas.

No es pues de extrañar que, dentro del Partido Popular, nos encontremos con mentes tan preclaras que, para rivalizar en ese supuesto progresismo con la izquierda, no admitan más valores esenciales dentro del partido que la libertad, la tolerancia y la solidaridad. Y  quien así piensa, claro está, parece que le molestan hasta los votos que provienen de gentes que se confiesan abiertamente de derechas. Que se lo pregunten, si no, a Nacho Uriarte, presidente nacional entonces de Nuevas Generaciones, que hasta se permitió el lujo de recomendar a los votantes de derechas que hay en España, que se busquen otro partido. Fue en una entrevista concedida al programa “La Quinta Columna” de Radio Intercontinental de Madrid.

Si los votantes históricos “de derechas”,  al no encontrar  en el Partido Popular los planteamientos ideológicos y políticos propios de un partido “de derechas”, cambiaran su voto, el Partido Popular dejaría de ser inmediatamente una opción de gobierno. Pues no podemos olvidar que, una inmensa mayoría de votantes “de derechas” se da perfecta cuenta de que, entre la clase dirigente del partido hay demasiados oportunistas y socialdemócratas que no comparten los valores familiares y religiosos tradicionales. Y esto les obliga, a veces, a votar con la nariz tapada.

De todos modos, aunque no son todos los que están, ni están todos los que son, no creo que sea mucho pedir que los que están sean valientes y se olviden de una vez del “qué dirán” y dejen de guiarse por lo que es o no es políticamente correcto. Es imperdonable que se cometan ahora los mismos errores que en 1996 cuando llegaron por primera vez al Gobierno. Entonces era comprensible que se “pasara página” y se mantuviera a gente que había sido nombrada por Felipe González. Fue un grave error, pero disculpable por la bisoñez del Gobierno de Aznar. Hoy sería inconcebible que se cayera en el mismo error; y mucho más, si tenemos en cuenta lo que sucedió entonces por no cortar por lo sano desde un principio.

Aunque de aquella lo pagamos muy caro, algunos miembros del Gobierno de Mariano Rajoy, por lo que parece,  no aprendieron debidamente la lección. Y están cometiendo errores muy similares. Para que no digan que son sectarios y les tengan por progres eligen para secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación a Carmen Vela Olmo, una miembro destacada de la Plataforma de Apoyo a Zapatero y que en estas últimas elecciones participó muy activamente en la campaña del candidato Alfredo Pérez Rubalcaba. Una señora  que aplaudió a rabiar los insultos vertidos por el cineasta José Luis Cuerda contra el Partido Popular, sobre todo cuando soltó esta frase: ”para que no vuelva el PP que es la turba mentirosa que piensa desde su imbecilidad que todos somos más imbéciles que ellos”.

Fue la propia Carmen Vela la que escribió y leyó en febrero de 2008 aquel famoso manifiesto de los artistas de la ceja, titulado Defender la alegría, en el que se mostraban plenamente rendidos  a Zapatero. Su sectarismo ideológico es de tal calibre, que no se conformó con apoyar la nueva ley del aborto aprobada por la administración socialista. Firmó además el “contramanifiesto” famoso, escrito para  censurar el llamado “Manifiesto de Madrid”, subscrito por un buen número de catedráticos, académicos e investigadores de renombre, oponiéndose a la nueva ley del aborto. En dicho “contramanifiesto” se defendía la solemne patochada de Bibiana Aido, afirmando que no se pueden usar criterios científicos para considerar “humano” a un no nacido.

El bagaje profesional de Carmen Vela Olmo es muy limitado. Es licenciada en Química y graduada en Bioquímica por la Universidad Complutense. Jamás ha estado al frente de ningún proyecto importante de investigación, ni ha gestionado nada  dentro de la Administración. Casi su único aval se reduce a la presidencia, entre 2007 y 2010, de la Asociación de Mujeres  Investigadoras y Tecnólogas, una de esas asociaciones prácticamente feministas, puestas de moda en la era Zapatero. Que Luis de Guindos haya elegido a esta mujer para ocupar el importante cargo de secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, a pesar de su bajo perfil profesional,  sorprendió enormemente a la misma comunidad científica.

Con este nombramiento, se cubre de gloria nuestro flamante ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Si conocía de antemano la vida, las obras y los milagros de Carmen Vela y, a pesar de todo, la nombra secretaria de Estado, habría cometido una enorme torpeza política. Sería tanto como menospreciar a las personas del Partido Popular o independientes que, sin lugar a dudas, tienen una preparación científica incomparablemente mejor que la agraciada. Todo un error mayúsculo del ministro, ya que daría a entender que le importan un pito los principios y las manifiestas referencias ideológicas, enviando así  un mensaje  demoledor a los militantes del Partido Popular e incluso a todos sus votantes.

Si Carmen Vela era una perfecta desconocida para Luis de Guindos y alguien le aconsejó tan sorprendente nombramiento, está ya tardando demasiado en cesarla fulminantemente, si es que ella no tiene la gallardía de dimitir. Es cierto que, como dice la recién nombrada secretaria de Estado, “la ciencia no tiene color político”. Pero no es menos cierto que Carmen Vela sí tiene color político, y  muy definido por cierto. Mantener el nombramiento de esta mujer sería tanto como mantener a sabiendas un topo peligroso del PSOE en la estructura del Gobierno del Partido popular. Ya harán bastante daño, de manera inevitable, los topos o submarinos ocultos que pueda haber entre los propios funcionarios.

No es solamente este el posible desliz del ministro de Economía y Competitividad a la hora de seleccionar sus directos colaboradores. Parece que a Luis de Guindos le van las personas alejadas ideológicamente del ideario del Partido Popular. A la sonada elección de una miembro destacada del clan de la ceja, hay que agregar también el nombramiento de Concha Martín como directora de Comunicación de su ministerio. Hay que recordar que Concha Martín es una histórica de El País, un diario abiertamente socialista, desde donde ponía a caldo a los responsables de Economía del Gobierno de Aznar, entre los que estaba el propio Luis de Guindos como Secretario de Estado y número dos de Rodrigo Rato.

Demasiadas casualidades. Quizás Luis de Guindos, con estos nombramientos,  se haga acreedor del título de progre del año y que los socialistas no le tilden de sectario y mucho menos de facha o fascista. Pero habrá hecho un flaco favor  al Partido popular y a sus votantes. Menos mal que no se ha completado la fiesta manteniendo a Juan Antonio González, el famoso JAG del caso Malaya y del caso Gürtel,  en un puesto de responsabilidad dentro del ministerio de Interior. El famoso súper policía de Rubalcaba y jefe de la Policía Judicial, sí que trató de acercarse al Partido Popular, pero afortunadamente, por lo que parece, en dicho mnisterio soplan otros vientos muy diferentes.

Gijón, 11 de enero de 2012

José Luis Valladares Fernández

Me ha molestado sobremanera la reducción de 600 millones en investigación,  innovación y  desarrollo, me parecen la Santa Inquisición de los cortos de miras.  Para mí, invertir en I+D, es una prioridad tan importante, que puede equipararse a la de  Arthur Más con la lengua y las embajadas, que ya es decir.

Estoy desconsolada, un científico cobra lo mismo que un concejal de cualquier ciudad pequeña -entre comisiones de servicio y delegaciones-, me aclaran. Se me ocurre que  podríamos organizar una campaña donde se cambiara  un concejal por un científico y como tenemos un total de 18.938 pueblos, nos colocaríamos como el país con más investigadores de Europa. Y sería la bomba si pudiéramos hacer  un dos por uno, para que estuvieran pagados honestamente y no tuvieran que emigrar.

Pido un gesto, algo que me diga que la crisis también les va a afectar un poco y  como Ricardo Costa  me conformo con 100 gramos de caviar, porque seguro que obtenemos la misma rentabilidad que la infanta Cristina.

Alguien puso ‘luz’ en la frente de Juan Vicente Herrera y éste, como pardillo en el aire, pensó que todo el monte era orégano. No se le ocurrió otra cosa que dar el visto bueno al ‘céntimo sanitario’ y apenas unos días después pudo comprobar cómo ‘juraban en arameo’ la ciudadanía y la Federación de Asociaciones de Empresarios de Estaciones de Servicio de Castilla y León.
Esa Federación no se ha limitado a la protesta sino que ha mostrado su oposición más firme porque advierte una clara desventaja con respecto a las comunidades limítrofes. Es evidente que la ciudadanía de las localidades limítrofes con Cantabria, País Vasco, Rioja, Aragón y Navarra va a acercarse a repostar a ellas, dado que no aplican ningún tipo de recargo.
La medida va a suponer un escarmiento para los torpes asesores de Juan Vicente Herrera: donde pretendían lograr alrededor de 140 millones de euros al año, según una primera estimación, pueden encontrarse con un descenso de cerca de 200 millones. Las pérdidas van a ser tremendas para los surtidores de Castilla y León que estén limítrofes a esas comunidades. En tiempo de crisis hay que ahorrar de donde se pueda y como se pueda. Hace tiempo venimos comprobando que en Castilla y León las obras no solo no se acaban sino que se abandonan. Ni los propios dirigentes creen en la comunidad. Evidentemente, mucho menos los políticos de la oposición.
La avaricia rompe el saco y la ambición se la van a tener que ‘comer’ con sapos y culebras. La Junta de Castilla y León pensó que con el ‘céntimo sanitario’, a razón de 4,8 céntimos por litro de combustible que se repostara en la comunidad, iba a ver saneadas sus maltrechas y peor gestionadas arcas. La intención era financiar la prestación sanitaria en la comunidad. Apenas han pasado unas semanas  desde el anuncio de la aplicación del ‘céntimo sanitario’ y ya han empezado las dudas, las críticas y el nerviosismo.
Al finalizar el ejercicio económico 2012 comprobarán sus errores y volverá a intentar la consejera de Hacienda colocar un par de cientos de millones de euros en deuda pública para poder cerrar el ejercicio, como ha tenido que hacer en 2011. Las torpezas se pagan pero la falta de seriedad de esta comunidad hará que no haya responsables, como en el reciente robo, corrupción, abuso del dinero de los EREs y uso de caudales públicos para la prostitución en Andalucía.
Es cierto que la financiación de la sanidad precisa de un replanteamiento integral y nacional. Ha habido muchos abusos por parte de las Administraciones y, en ocasiones, no ha faltado la picaresca; ahí tienen el hecho de la llegada de extranjeros, donde solo uno trabajaba pero se inscribía en la cartilla sanitaria a una docena como beneficiarios o se aprovechaba para traer a familiares que precisaban un tratamiento que en su país era imposible de cubrir por las arcas públicas. Y no hablemos del abusivo gasto farmacéutico, con la compra de medicamentos para su posterior envío a otros países o la dispensación de decenas de recetas gratuitas a quienes nunca habían contribuido.
Toda esa picaresca y la ‘vista gorda’ de la Administración nos han llevado hasta aquí. En Castilla y León, la situación de abuso se ha desorbitado de tal forma que se ha implantado el máximo del gravamen, pues según Herrera Campo había que compensar el desequilibrio. Lo que no ha confesado el presidente es que a él le venía bien para salvar la cara.
No tardarán en verse los resultados negativos de esta medida. Donde se pretendía recaudar, no habrá tal recaudación, porque al descender el gasto Castilla y León se convertirá en perdedora a costa de la mejora y del regodeo de las comunidades limítrofes. El conocido como  ‘céntimo sanitario’ es un impuesto indirecto estatal que se creó en el mes de enero de 2002 y que se cedió a las comunidades autónomas, con la excepción de Canarias, Ceuta y Melilla.
En Castilla y León no se había hecho uso de ese impuesto hasta ahora y, recientemente, se ha incluido en el anteproyecto de ley de Medidas Financieras para 2012. Si bien es cierto que hay exenciones de los gasóleos profesionales que tienen su función en el ámbito agrícola y en las calefacciones, también es verdad que hay sectores cuya aplicación va a hacer que queden muy tocados, como el ámbito del transporte y pesca, entre otros.
Nos gustaría equivocarnos en el pronóstico y, una vez finalizado el ejercicio económico 2012, no tener que demostrar a nuestro presidente – Juan Vicente Herrera – lo que decía Paul Mason: “muchos políticos son como los libros de una biblioteca: los que están en los lugares más altos son los que menos sirven”

Por de pronto yo no se si se considera “antipatriota” por hablar con realismo de la crisis y augurar  tiempos duros para el año que viene. Pues recordamos que solía denostar duramente a quienes exteriorizaban los males de nuestra economía. Y Rodríguez Zapatero etiquetaba a toda  esta especie de aguafiestas de “antipatriotas”. Claro que es muy posible, cómo no, que aprendiera con el tiempo que es bueno comentar la realidad sin tapujos, por lo que estaría dispuesto  a retirar aquel epíteto envenenado de “antipatriotas”, con que designaba a los que no sabían morderse la lengua. Todo aprendizaje, aunque sea con retraso, está muy bien.

En la mencionada entrevista, Zapatero habla de muchas cosas y, ante todo, trata de aparentar serenidad, moderación y compostura, algo que no ha tenido nunca y menos mientras estuvo al frente del Ejecutivo. Ante todo, y a pesar de las preguntas capciosas del entrevistador, quiso permanecer al margen de la guerra abierta en el PSOE para hacerse con la Secretaria General del partido. Y  señaló que se mantendría voluntariamente fuera del proceso iniciado para elegir nuevo líder. Y agregó, para dar muestras de su neutralidad que “Ni siquiera voy a apuntar lo que pudiera pensar que sería más conveniente. Quiero ser extraordinariamente escrupuloso con el debate de los compañeros y, por supuesto, con lo que vayan a elegir”. Del futuro del partido, dice, tienen que hablar los que hayan de escribir ese futuro.

Mucho ha tenido que cambiar Zapatero o mucho disimula para propagar a los cuatro vientos que, como ex presidente, su “primera responsabilidad será siempre defender a España, hablar bien de España. Eso es lo que uno aprende ocho años después de estar al frente de los destinos de la nación, a querer más a tu país, a querer profundamente a España y, por tanto, ayudar humildemente en todo lo que se pueda a este país, gobierne quien gobierne”. Es posible que estemos ante una conversión poco menos que milagrosa, y trate ahora de compensar el daño causado a la unidad de España mientras fue presidente del Gobierno. Puede ser también que estemos ante un simple engaño, urdido intencionadamente para lavar su cara y escuchar así alguna que otra lisonja en  vez de las habituales y merecidas críticas.

Sabemos que Rodríguez Zapatero afirmó más de una vez que no hay diferencia alguna entre nación y nacionalidad. El 17 de noviembre de 2004, por ejemplo, en una memorable sesión de control en el Senado, llegó incluso más lejos y, contestando a una pregunta de García-Escudero, no dudó en afirmar: “Desde que tengo uso de razón me han asustado las afirmaciones categóricas, indubitadas y que rezuman fundamentalismo”, reafirmándose a continuación que si hay un concepto “discutible y discutido en la teoría política y en la ciencia constitucional” es precisamente el concepto de nación. Y agregó: esto “es algo que, en efecto, sabe cualquier estudiante de Derecho”.

Unos años más tarde, el 12 de diciembre de 2011, en unas declaraciones a ABC Punto Radio, confesó sin ambages su falta de fortuna en aquella contestación del Senado: decir que el concepto de nación es discutido y discutible “es algo que se puede decir, por ejemplo, en un aula universitaria por un profesor sin ningún problema, porque todo el mundo en la ciencia política sabe que es así. Es verdad que dicho en una cámara parlamentaria por un presidente de Gobierno da lugar, como dio, a un río de interpretaciones sobre si yo dudaba que España era una nación”. Y agregó: “si hoy tuviera que repetirlo, pues no lo repetiría”

Pero como Zapatero ha dado continuamente abundantes muestras de frivolidad y su falta de rigor ha sido siempre proverbial, no sabremos nunca si es ahora cuando miente, o mentía ya entonces cuando se enfrentó dialécticamente a Pio García-Escudero en el Senado. Quizás entonces y ahora. Su personalidad es tan compleja y tan sumamente voluble que es muy posible que cambie de pensamiento  con la misma facilidad que de chaqueta o de corbata. Para él no hay principios estables y responde como una marioneta a los estímulos de los intereses de cada momento. Un ejemplo claro lo tenemos en su manera de involucrarse con el Estatuto de Cataluña, el acercamiento a ETA y hasta el tratamiento dado a la mal llamada Memoria Histórica.

La falta de sinceridad de Rodríguez Zapatero es planetaria y esplendorosa. El aspecto con que aparece en los medios de comunicación no concuerda en absoluto con la imagen que quiere dar de sí mismo en sus declaraciones al Diario de León. En la televisión vemos a un Zapatero abatido, desalentado e incluso gravemente deprimido, mientras que en su declaración intenta aparecer como si hubiera alcanzado ya el nirvana definitivo y más absoluto. Así que cuando le preguntan  cómo se vive el día después de salir de La Moncloa, traicionando sus sentimientos y mintiéndose a sí mismo contesta: “Lo más notable es la tranquilidad que uno recupera después de una situación en la que te acostumbras a estar siempre alerta”.

Dejar La Moncloa, lo mismo que dejar el Congreso de los Diputados, según nos dice, solamente supuso para él  “normalidad”, ya que “lo tenía muy asumido y la democracia es eso”. Y agregó en otra respuesta: “El martes, al salir de La Moncloa, interioricé en 24 horas que comenzaba una nueva etapa, en la que tengo puestos también mis mimbres personales y profesionales. La Democracia llama a la normalidad. No he sentido nada cuando voy por la calle sin la seguridad propia del presidente del Gobierno”.  Las imágenes captadas por las cámaras de televisión son muy elocuentes y dicen otra cosa muy distinta. Y las cámaras no mienten nunca. Rodríguez Zapatero en cambio, por exceso de talante quizás, nunca dice la verdad y oculta escrupulosamente  lo que piensa.

No está más acertado cuando habla de su labor al frente del Ejecutivo. Dice Zapatero que no es él quien debe valorar su gestión de estos casi ocho años como presidente del Gobierno. Insiste una y otra vez en que es totalmente necesario que haya cierta “perspectiva”  para evaluar su mandato. Sus palabras no dejan lugar a dudas: “He dicho en estos últimos días que el balance y el análisis de lo que han sido estos siete años y medio necesita perspectiva. Y perspectiva en un doble sentido. Una, en un poco de tiempo y dos, que sean los demás los que evalúen mi etapa de gobierno”.  En realidad, lo que está pidiendo es árnica, porque sabe sobradamente que su gestión no ha podido ser más nefasta y quiere que se olvide lo antes posible.

Gijón 1 de enero de 2012

José Luis Valladares Fernández

Las últimas elecciones autonómicas propiciaron cambios de Gobierno muy sonados, como el de Castilla-La Mancha y el de Extremadura. Unos meses antes se había producido también el relevo al frente del Gobierno  en la Generalitat de Cataluña. Después de la investidura de los nuevos presidentes electos, aparece en toda su crudeza la verdadera y espeluznante realidad del elevado déficit  de las cuentas autonómicas. Se esperaba que las deudas superaran con creces lo que se decía en las comunicaciones oficiales preparadas para el traspaso de poderes. Pero la realidad sobrepasó hasta los peores pronósticos imaginados, sobre todo en el tradicional feudo socialista de Castilla-La Mancha y también en la Generalitat catalana del socialista José Montilla y del nefasto Tripartito.

Las aberrantes deudas con que se encontró el Partido Popular en la comunidad castellano-manchega, al sustituir a José María Barreda al frente de la misma, dieron pié a que los candidatos de dicho partido a las próximas elecciones del 20 de noviembre insistieran con más fuerza en  la necesidad de aplicar políticas rigurosas de ajuste para controlar definitivamente el desmadrado déficit público. La insistencia en señalar la necesidad de ser extremadamente austeros para salir de la crisis ha despertado el temor de los ciudadanos a que se produzcan  recortes en los servicios públicos, mostrándose especialmente inquietos por si esos recortes se producen dentro del sistema público de salud.

La decisión de Artur Mas de eliminar camas en los hospitales, reducir personal e incluso cerrar ambulatorios ha contribuido decisivamente a que aumente el nerviosismo de los ciudadanos por miedo a que se haga lo mismo a nivel nacional. También ha influido mucho en esa razonable preocupación ciudadana,  el empecinamiento de los socialistas en insistir continuamente en que Mariano Rajoy tiene decidido efectuar un amplio recorte en el Estado de Bienestar. Todo esto ha influido para que la sanidad se haya convertido ya en el cuarto mayor problema de los españoles.

Todavía en el mes de julio pasado, la preocupación por sanidad solamente inquietaba al 4,3% de la población española, ocupando el décimo lugar en la lista general de preocupaciones. En la encuesta de noviembre, el porcentaje de preocupación ha crecido más de tres puntos, situándose en el 7,7%, por encima incluso de educación. Según la última encuesta del CIS, solamente hay tres cosas que preocupan  más a los españoles que la sanidad: el paro en un 83,0%, los problemas económicos en un 48,2% y la clase política en un 22,6%. Después ya viene sanidad.

Suelen presumir en el PSOE que nadie ha dotado de tantos medios económicos a la Sanidad Pública como ellos.  Que gracias a ellos, el sistema de salud español compite, en plan de igualdad, con cualquiera de los países de nuestro entorno. Y no es verdad ni lo uno ni lo otro. Relacionando el gasto sanitario con el Producto Interior Bruto, estamos casi un  punto por debajo de la media de los 15 países con mayor antigüedad en la Unión Europea. Nuestro gasto público sanitario a finales de 2007 por ejemplo representó el 6,1% del PIB, mientras que la media comunitaria estaba en un 7,06%. Si es cierto, en cambio que los socialistas aportaron al sistema  sanitario español mucha más burocracia que los demás partidos.

A pesar del desfase en gasto sanitario con relación a la media de UE, el Gobierno socialista, afortunadamente ya en su casa por decisión soberana de los ciudadanos, ponía el grito en el cielo por el elevado coste que tiene la Sanidad para las arcas públicas. Y culpaban de ello al envejecimiento innegable de la población española, al aumento demográfico  y, sobre todo, a la   espectacular escalada del número de recetas y visitas al médico por cada ciudadano español. Silenciaban, sin embargo, la excesiva burocratización que ellos introdujeron en el Sistema Nacional de Salud y que dio lugar  a que se contrataran más personas de las que objetivamente eran necesarias.

De las personas contratadas innecesariamente, las que no fueron contratadas a dedo por ser familiares o amigos del Gobierno, lo fueron porque se les debía algún favor político. Y la mayor parte de ellas para ocupar puestos directivos y de altos cargos con sueldos suculentos. Es cierto que trataron de aliviar la presión presupuestaria para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad Pública, pero centraron equivocadamente todos sus esfuerzos en reducir el coste farmacéutico, obviando los gastos ocasionados por la inflación absurda de personal. Así que impusieron una rebaja del 15% del precio de los medicamentos con más de diez años en el mercado. Obligan a la vez a los médicos a recetar por principio activo en lugar de hacerlo  con el nombre comercial. Así, el farmacéutico estará obligado a despachar siempre el de menor precio.

La ya ex ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, insinuó que sería muy interesante que los ciudadanos abonaran una cantidad “simbólica” por ir al médico. Según ella, ese copago sanitario “simbólico” garantizaría un uso más racional de los servicios médicos y serviría además para “garantizar la sostenibilidad” del Sistema Nacional de Salud. Pero ni Leire Pajín, ni los demás miembros del Ejecutivo se atrevieron a poner en marcha una medida disuasoria como esta, para reducir las visitas de los usuarios a los médicos, por el enorme impacto social negativo que hubiera causado.

El presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, si se atrevió a exigir a los usuarios  un euro por receta despachada, pero tal medida no va a suponer ninguna solución definitiva al desfase presupuestario de Sanidad, como tampoco hubiera solucionado el problema el Gobierno central  si hubiese implantado el  copago sanitario. Quizás habría supuesto un alivio inicial, pero nada más. Para llegar a una solución contable firme, más que recortes en los servicios y mucho más que imponer ocasionalmente cargas adicionales al usuario, se necesita gestionar mejor los recursos disponibles, optimizando su utilización de la manera más rentable posible.

Una mejor gestión de los recursos disponibles implica, ni más ni  menos, organizar mejor los procesos, los medios de diagnóstico y las formas de trabajar para ser más eficientes. Y para conseguir esto, es preciso que se prescinda rigurosamente de la jerarquía política y entregar la dirección de los diferentes centros del Sistema Público de Salud a profesionales cualificados. De dirigir un servicio como éste con criterios políticos a hacerlo exclusivamente con criterios profesionales hay un abismo. Sobran también, como no, los distintos chiringuitos que se crearon en Sanidad para dar cobijo laboral a familiares, amigos y paniaguados de toda casta, que no aportan nada al sistema sanitario, salvo el incremento de un gasto inútil.

Si los servicios sanitarios dependieran exclusivamente de profesionales competentes, primaría la eficiencia sobre cualquier otra consideración de tipo político, aprovechando mucho mejor todos los recursos sanitarios disponibles. Está fuera de toda duda, que el sistema sanitario tal como está ahora no funciona y es tremendamente ineficiente. Además de dejar en manos de expertos profesionales la dirección de Sanidad, no estaría de más reducir de forma significativa las diferencias interregionales para lograr una cartera de servicios comunes. Esto supondría recuperar las competencias sanitarias y reconstruir de nuevo el antiguo Insalud, en lugar de mantener los costosos 17 sistemas sanitarios.

La dispersión de competencias de sanidad ha deteriorado notablemente  el Sistema Público de Salud, encareciéndolo de manera evidente. Con la recuperación de las competencias por parte del Estado, evitaríamos los agravios comparativos entre los usuarios de las distintas Autonomías, la atención médica mejoraría su calidad y, por si esto fuera poco, el coste de los servicios sería considerablemente inferior.

Gijón, 26 de diciembre de 2011

José Luis Valladares Fernández

Mark de Zabaleta

Lo malo es que en España tenemos  esa misma crisis financiera y, asociada a ella,  tenemos otra crisis bastante más complicada y peligrosa, que los socialistas no quieren reconocer. Según ellos, nuestra crisis económica no difiere en nada de la crisis que afecta a los demás países de la Unión Europea, un poco más agravada porque, según dicen, José María Aznar se extralimitó en el tratamiento al boom de la construcción. Ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni ninguno de sus más directos colaboradores, admitirán jamás que la mayor complejidad de nuestra crisis radica en que nuestro sistema económico es escasamente productivo y competitivo y en que no se adoptaron, desde un principio, las medidas estructurales oportunas que hubieran minimizado sus perniciosos efectos.

A esto debemos añadir  que nuestra economía está soportando un modelo autonómico sumamente pernicioso. El famoso “café para todos” con el que se pensaba ahogar las conocidas aspiraciones de los separatistas vascos y catalanes, más que descentralizar servicios, los multiplicó innecesariamente por diecisiete, dando así lugar a una especie de burbuja autonómica, tan peligrosa o más que la burbuja inmobiliaria. Y como no hay nada gratis, ni en Economía ni en ninguna otra cosa, al juntarse el disparate autonómico con la baja productividad y la falta de medidas estructurales para hacer frente a la crisis financiera incipiente, se tradujo en una destrucción masiva de empleo y en un desmoronamiento imparable del tejido empresarial español.

Si analizamos la marcha de nuestra economía desde los comienzos mismos de nuestra democracia hasta nuestros días, veremos que casi siempre, sobre todo con Gobiernos socialistas, nuestra aproximación a esa deseada convergencia con Europa es más aparente que real. Lo normal es que esa brecha que nos separa de la media  europea, se agrande cada vez más, salvo en contadas excepciones. Pues no cabe duda de que los parámetros macroeconómicos que miden nuestra convergencia nominal, como la inflación, el déficit público o las tasas de interés han sido casi siempre más elevados que en Europa. Otro tanto ocurre con la convergencia real, ya que el aumento experimentado por la renta per cápita en España suele ser habitualmente más bajo que la media europea.

La evolución del déficit público en los primeros años de la democracia ya evidencia claramente que en vez de converger, hemos iniciado un proceso de divergencia que nos aleja cada vez más de la media europea. En 1975, por ejemplo, año en que se cierra la etapa de Franco, se cierra el ejercicio con superávit. Unos pocos años después, en 1981, el déficit público representaba ya el 3,7% del PIB, para pasar al 7,5% del PIB en 1993. Este aumento progresivo del déficit público se dejó sentir, y de qué manera, en el volumen de nuestra deuda. En consecuencia, la deuda pública española, que a la muerte de Franco en 1975, representaba el 12,8% del PIB, en 1981 suponía ya el 20,6%, para subir en 1996 al 68,1% del PIB.

Con la llegada de José María Aznar a La Moncloa se pone fin al desmadre del gasto público socialista, que a punto estuvo  de llevarnos directamente a la quiebra estatal. Reduciendo simplemente el gasto público de manera sustancial, fue posible contener la deuda pública, bajar la inflación y reducir considerablemente  los intereses que se abonaban por el dinero. De estar prácticamente desahuciados, el tesón del nuevo Gobierno y la tijera del profesor Barea lograron, por fin, el estupendo milagro económico de cumplir con todos los requisitos exigidos por Maastricht para ingresar en el primer grupo de la Unión Monetaria. De este modo, dimos pasos de gigante hacia una plena convergencia nominal con Europa y nos acercarnos también bastante a la convergencia real al mejorar sustancialmente  nuestros niveles de renta.

Pero con la vuelta de los socialistas al Gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del mismo, se frustró nuestro sueño de que la renta per cápita de los españoles fuera igual o incluso algo superior a la de los demás países de Europa. Es cierto que, por inercia, se mantuvo el ritmo de crecimiento durante sus primeros años de gobierno. Fue precisamente en este contexto en el que soltó, muy ufano, aquello de que España estaba en  la  ”Champions League de la economía europea” y otras muchas perlas por el estilo que al final, muy a su pesar, ha tenido que tragarse.

Jamás reconocerá Zapatero que se va de la Presidencia del Gobierno, dejando a España al borde de la ruina. Aún piensa que cerraremos 2011 con el aceptable déficit del exigido 6% del PIB y puntualiza que la deuda pública española está 20 puntos  por debajo de la media europea y, según dice, muy por debajo de la deuda de Francia y Alemania. Señala además, que contamos con activos suficientes para garantizar nuestra estabilidad financiera y para abordar, sin mayores problemas, la creación de empleo. Se olvida Rodríguez Zapatero que mientras Francia y Alemania siguen creciendo y creando empleo, España ha estado perdiendo competitividad y destruyendo puestos de trabajo. Desde el año 2008, el PIB per cápita ha caído en España nada menos que tres puntos. Es evidente, por lo tanto, que Francia y Alemania pueden asumir su deuda más fácilmente que nosotros la nuestra.

El pasado día 20 fue nombrado nuevo presidente del Gobierno Mariano Rajoy que tendrá que enfrentarse al espeluznante entuerto que le deja José Luis Rodríguez Zapatero. No va a ser nada fácil salir del pozo en que  nos ha metido la torpeza y la ineptitud del Gobierno saliente. Se puede repetir el milagro de 1996, pero tendrá que ser  a base de sudor y lágrimas de todos los ciudadanos. Además de racionalizar responsablemente el gasto público, Rajoy y sus nuevos ministros tendrán que sopesar la viabilidad de la España autonómica actual. Al menos, tendrán  que adelgazar su sobredimensionada estructura, unificando criterios y eliminando decididamente los servicios duplicados que tanto han proliferado últimamente. No es de recibo que vaya cada uno a su aire y todos quieran tener aeropuertos o Líneas de Ave sin que haya pasajeros.

Gijón, 24 de diciembre de 2011

José Luis Valladares Fernández

En este momento hay una ruptura brutal entre la educación primaria y los dos primeros años de secundaria. No solo hay que reformar la enseñanza sino que hay que reformar la estructura del propio sistema. Los políticos y sus asesores no se suelen atrever a meter mano, por falta de información y por la cantidad de prejuicios con los que llegan al Ministerio de Educación y a las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas.

Hoy, buena parte del profesorado siente vergüenza y mira hacia otro lado cuando observa lo que se ha dado en llamar la ‘marcha verde’ de Madrid. ¡Dieciocho horas lectivas! ¡Nunca se había visto otra tan gorda! Esa jornada laboral tan ‘extensa’ con alumnado es una tomadura de pelo a la ciudadanía, al sentido común y a la realidad del momento. No es que en Madrid se reduzcan puestos de trabajo en la enseñanza sino que lo que se pretende es una reconducción del sistema en la comunidad, así como la adecuada rentabilidad de los recursos humanos disponibles.

Hace tiempo que me hago una pregunta: ¿qué harían los ‘camisas verdes’ de Madrid si descubrieran que lo que en Madrid son dieciocho horas lectivas, en Castilla y León son solo diecisiete horas lectivas con alumnado? Ahí tienen la Orden de la Consejería 1313/2007 de la Consejería de Educación. ¡No me extraña que en Castilla y León hayan recortado hasta en un 41% los gastos de funcionamiento para los centros educativos! Ni siquiera la derecha parece entender la facilidad con la que se tiran piedras al tejado propio;  eso se entiende menos sabiendo que la consejera de Hacienda  acaba de recibir un pellizco de varios cientos de millones, procedentes del Gobierno central. No quiero imaginar que se destinen a tapar agujeros no confesados como los de Castilla La Mancha o Andalucía.

Pero no solo hay que reformar el sistema, también los recursos humanos precisan de un retoque importante; alguien deberá explicar qué es eso de las dieciocho horas lectivas con alumnado que emplea semanalmente el profesorado de secundaria. Los jefes de estudio se las ven y se las desean para cuadrar los horarios. Todo lo que sea menos de 24 horas lectivas es un abuso, un atentado a la docencia y una clara indignidad. Así no vamos a ninguna parte y nuestro Estado no dejará de ser el asiento de las posaderas más desprestigiadas de la Europa moderna.

Los gobiernos del PSOE han viciado la secundaria obligatoria y post obligatoria,.. ¡Y así nos cubre el pelo! Si el nuevo ministro de educación es capaz de poner freno a tanto despendole en estas cuestiones puede ahorrar el Gobierno alrededor de 256 millones de euros al año. Si no pone empeño en ello, estaremos ante un nuevo engaño y un desconsiderado abuso. De la misma forma que la ciudadanía ha depositado la confianza en Rajoy, éste no debería empezar por defraudar esa ni dejar lo urgente para mañana o para después de las fiestas navideñas.

Mark de Zabaleta

Rosa Valdeón Santiago (ver foto superior), actual alcaldesa de Zamora, estuvo a punto de ser ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el primer Gobierno de Mariano Rajoy. El problema estaba, exclusivamente, en los cometidos de Ana Mato; ahí estuvo la gran duda del ya presidente del Gobierno de España. Al final, Mariano optó por Anita. No me atrevo a decir que se haya equivocado.

De todos es conocida la admiración que siente Mariano Rajoy por Rosa Valdeón. En varias ocasiones ha alabado su labor durante el tiempo que fue consejera en Castilla y León. Por cierto, también es conocida la capacidad demostrada por Rosa para trabajar, formar equipos y llamar a las cosas por su nombre. Ha llegado a decir un ex jefe de gabinete de uno de los ex presidentes de la Junta de Castilla y León que “la presencia de Rosa Valdeón  acompleja a mucha gente, incluido al propio presidente Herrera”.

A las 9 de la mañana del pasado día 21, ella era la elegida. Rosa iba a ser ministra de un súper Ministerio.  Doy fe de ello. Solo la torpe reacción de Juan Vicente Herrera Campo ha impedido la alegría de los castellanos y leoneses. Nadie debe descartar una nueva oportunidad, como sucedió con Jesús Posadas en uno de los Gobiernos de Aznar; un buen día se lo prometió en Valladolid (Polideportivo Pisuerga) y con el tiempo cumplió.

Las ‘bromitas’ del presidente Herrera  — que a veces no sabe si mata, hiere o espanta — empiezan a molestar a mucha gente. Son una forma de ‘tocar las narices’ a destiempo. A mí también me molesta, como a tantos otros. ¡Ahí tienen el ejemplo y el perjuicio a una gran política y excelente persona!  Pero quien pierde es la ciudadanía con las ‘gracietas’ de Herrera Campo.

Ayer por la tarde me confesaba una persona muy cercana a nuestro  presidente Herrera que lo que unos llaman “campechanía”, otros comprueban que es una forma de fastidiar al prójimo, por ignorancia, falta de perspectiva y complejos varios. Pero bueno… es lo que tenemos y es lo que han votado muchos ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. Por lo tanto hay que seguir arando con los bueyes que tenemos, aunque muy a nuestro pesar.

Los ciudadanos corrientes, a lo largo de su vida laboral, tienen que tributar por el total de los ingresos percibidos. En cambio los diputados y los senadores solamente lo hacen por dos tercios  de su sueldo. El otro tercio restante no está sujeto al IRPF porque se supone que es una especie de indemnización para cubrir los gastos que origina el cargo institucional. Aún hay más. Los ciudadanos corrientes, los que no hemos sido agraciados con una magistratura, ni llamados a desempeñar el honroso cargo de senador o diputado, estamos obligados a cotizar durante 35 largos años, si es que queremos cobrar la pensión máxima. Los que han tenido la suerte de ser tocados por el hada madrina, con dos legislaturas o siete años de cotización ya adquieren el derecho a esa pensión máxima de jubilación.

Donde más se nota esta injusta discriminación entre un colectivo y otro, es en la jubilación. Los cargos institucionales, los parlamentarios, los ministros y los secretarios de Estado tienen la posibilidad de compatibilizar dos y hasta tres tipos de pensiones, algo que es impensable para el resto de ciudadanos. Los demás ciudadanos solamente pueden cobrar una, o en el mejor de los casos, podrán tener derecho a dos, siempre y cuando la suma de ambas no lleve a la cuantía máxima establecida. Por una disposición de fecha 11 de junio de 2006, recogida en el Reglamento, se reconoce a los Diputados y senadores el derecho a la pensión parlamentaria, siempre que hayan rebasado los 7 años en el cargo. Se trata de que cuando los parlamentarios no lleguen  al límite máximo de las pensiones públicas, las Cámaras abonen la diferencia hasta que los diputados y senadores alcancen la base máxima de jubilación. Ni más ni menos, según se explica en el Reglamento, se procura que los parlamentarios españoles se homologuen con los de los demás países de nuestro entorno.

Las ventajas de los parlamentarios no terminan aquí. Disfrutan además en exclusiva de otros muchos beneficios que no tienen los demás mortales, por ejemplo la indemnización por cese en el cargo, sea este institucional o representativo. Esta indemnización, que percibirán mensualmente, equivale a una mensualidad por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales, hasta un límite de 24 mensualidades. El objeto de semejante dádiva, según dicen, no es otro que la compensación de los servicios prestados, ya que no tienen cobertura por desempleo al abandonar el cargo y, además, para equipararlos  a la media de los países de la Unión Europea.  Un diputado o un senador que viene cobrando una media mensual de 4.000 euros, tienen motivos más que sobrados para estar nervioso por no percibir la prestación de desempleo, así que necesita perentoriamente esa suculenta indemnización por cese. Esto, claro está, sin que peligre la base máxima de la pensión, siempre que haya estado en el cargo parlamentario al menos durante siete años. Normal que quieran perpetuarse en el cargo. Se ríen del dicho del  escritor británico George Bernard Shaw, el autor de Pygamalion: “los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo,…y por los mismos motivos”.

Otro tanto ocurre con los ministros. Cuando un ministro cesa en su cargo, cobrará una indemnización del 80% de su salario durante dos años y la podrá compaginar con la remuneración como diputado o senador. Más aún. Cuando deje el cargo parlamentario, también tendrá derecho a la indemnización correspondiente, que podrá compatibilizar con la que recibía por dejar de ser ministro. Ese es, por ejemplo, el caso de Pedro Solbes que estuvo simultaneando su indemnización  por dejar el escaño del Parlamento Europeo, su cargo de ex comisario europeo y su pensión de ex ministro del Gobierno  durante dos años.

Es descorazonador que, a los jubilados que no han disfrutado de las mieles de la política, se les congelen las pensiones y se recorte el sueldo de los trabajadores públicos y no se toquen los emolumentos de los parlamentarios y de los cargos institucionales. Y mientras se carga el peso de la crisis sobre los más débiles, los ex parlamentarios y los ex ministros siguen acumulando y simultaneando  pensiones y remuneraciones con todas las garantías legales a costa del dinero de los contribuyentes. También está previsto, que la reforma del sistema de pensiones solamente afecte a los ciudadanos de a pie. Los privilegios de nuestros diputados y senadores, de los miembros del Gobierno y de los altos cargos, aunque escandalosos, son intocables. Un político tiene un plus de valor sobre los demás ciudadanos. Por eso yo también quiero ser político.

Gijón, 12 de enero de 2011

José Luis valladares Fernández