En este vídeo del programa “La vía de la libertad” que dirige el economista D. Gunther Zevallos, se entrevista al representante de la Cámara de Comercio Brasil – España en Aragón D. Antonio Vargas Vilardosa y, al representante de la Cámara de Comercio de Zaragoza D. Miguel Ángel Martínez Villarig. Participaron en el debate: la Asesora para la Internacionalización de la PYMES Dña Carmen Urbano y el director de Surprise Márketing Suite D. José Luis Lorés.

Una interesante entrevista a la que le sigue un debate en profundidad para conocer las posibilidades que tiene Brasil como mercado emergente al cual dirigir los productos españoles. Sao Paulo la capital industrial de Sudamérica, Río de Janeiro, Curitiva y otras ciudades importantes de un país, que se antojan de interés para muchas empresas españolas.

Entre las conclusiones que se podrían extraer es que: hace falta más transparencia y más supervisión de todo el sistema financiero, pero fundamentalmente del bancario, así también, es imprescindible acabar con la cada vez mayor dependencia de las Agencias de Calificación de Riesgos, a las cuales se les ha otorgado un nivel de responsabilidad que no les corresponde; siendo las mismas en buena parte también, responsables de la crisis que estamos viviendo.

Las Agencias de Calificación de Riesgos, jurídicamente son simples agencias de información periodística, y no tienen ningún grado de responsabilidad, pero eso sí, cuentan con una influencia enorme para decidir sobre la elegibilidad de muchos activos, fondos, bonos, e incluso estados y países.

En esta ocasión el programa contó con la presencia del economista y experto financiero D. Miguel Pérez Somalo, de Lamothe y Somalo Forensic, quien detalló a su juicio, cuáles son los problemas de la banca actualmente y cómo actúan con impunidad las agencias de rating, cuál es su grado de responsabilidad. Sin duda un programa de mucho interés, dada la necesidad de abordar una reforma del Sistema Financiero en profundidad, con el fin de poder salir de la crisis.

El programa contó igualmente  con la presencia de los Abogados D. Álvaro García Graells de Law Intelligence, de D. Luis Artero Felipe, en representación de Ilex Abogados; así como del jóven economista y Director del Departamento de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, D. Ángel Marín.

Mark de Zabaleta
www.markdezabaleta.com

Esta reproducción exacta en el órgano de gobierno de los jueces del esquema político que impera en el Congreso fue aceptada y bendecida sin rechistar por las asociaciones judiciales adscritas de alguna manera a los dos partidos mayoritarios. Protestaron los jueces no inscritos en las conocidas asociaciones, calificando el acuerdo de “apaño” y de “fraude de ley”, pero aceptaron el hecho sin más los de Jueces para la Democracia vinculada al PSOE y los de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura afín al Partido Popular. Con ese reparto absurdo del poder en el Consejo General del Poder Judicial entre los partidos mayoritarios, la Justicia se debilita, al estar siempre a expensas de los políticos, de sus decisiones arbitrarias y hasta de sus caprichos. Todo un despropósito de la política judicial.

Fue en este contesto, en el que el entonces alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, pronunció aquella polémica frase que se hizo muy famosa: La Justicia es un cachondeo. Desde que los miembros del Consejo del Poder Judicial español pasaron a ser elegidos por el Parlamento, la opinión pública comenzó a desconfiar de la Justicia de manera creciente. Y ese desprestigio, cada vez mayor, aparece reflejado claramente en las distintas encuestas de opinión que se realizaban entre el público en general y, sobre todo, entre los usuarios de la propia Justicia. Los usuarios de la Justicia, los que se han visto inmersos en algún procedimiento judicial, tienen una imagen aún más negativa del mundo judicial que el resto de los ciudadanos.

Ya son extremadamente alarmantes los datos de una encuesta, realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas allá por  el año 1996. En una  muestra muy amplia, realizada en toda España y con una valoración de 1 a 10, los encuestados calificaron  con un simple 3,9 a la Justicia española, lo que supone un suspenso sin paliativo alguno. Ya de aquella, de una serie de instituciones sometidas a examen entre la opinión pública, la Justicia quedaba muy por detrás de la prensa, de los partidos políticos y hasta de la administración local. La valoración de la Justicia por los ciudadanos se encuentra ahora en uno de los momentos  más bajos desde la reforma de 1985. Su valoración es muy similar a la obtenida por el Gobierno de Zapatero al final de su mandato.

El desprestigio de la administración de Justicia ha crecido tanto, que son muchos los ciudadanos que están plenamente convencidos de que los tribunales se dejan llevar por los intereses del Gobierno y que se amilanan ante las presiones que ejercen ciertos grupos económicos y sociales, e incluso ante los medios de comunicación. Han terminado por convertirse en sicarios del poder político y, a veces, hasta del económico. Un porcentaje muy alto, alrededor de un 65%, considera que los jueces, consciente o inconscientemente, favorecen de manera muy clara a los miembros del partido que gobierna, y  perjudican sin mayores problemas a los políticos de la oposición.

Un paradigma evidente del juez politizado es Baltasar Garzón. Quizás sea porque se trata de un juez de izquierdas, como él mismo ha dicho, aunque si es de izquierdas no vale para juez, como tampoco valdría uno que fuera de derechas. Y como juez politizado que es, Garzón ha manejado el cajón de la mesa de su despacho con una maestría y una eficiencia inigualable, unas veces para dormir los casos cuando convenía y otras para despertarlos y desempolvarlos oportunamente. A más de uno le ha hecho pasar injustamente, eso sí, un terrible calvario, aunque después haya sido declarado inocente. Garzón era un mal instructor. Ahí están las estadísticas para corroborarlo. Pero en cambio, ha sabido manejar muy bien los hilos de la prensa española y extranjera, para dar esa imagen  de súper juez o juez estrella, que está incluso por encima del mal y del bien.

Obsesionado por la fama, el juez Garzón se las arreglaba para que los casos más sonados fueran a parar todos a su juzgado. Y como todo le parecía poco, para agrandar su notoriedad internacional, emitió una orden de arresto contra el ex dictador chileno, Augusto Pinochet, por la muerte y tortura  de ciudadanos españoles durante su mandato. Se quedó con las ganas de investigar  al ex secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, por lo de la Operación Cóndor, mediante la cual se instauraron en Sudamérica varias dictaduras. En abril de 2001, solicitó al Consejo de Europa que desaforara al entonces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, ya que le consideraba incurso en una causa de fraude fiscal, vinculada a Telecinco. Y en 2003 ordenó el arresto del famoso terrorista Osama bin Laden.

Embriagado con los aplausos derramados por la izquierda política y mediática, Baltasar Garzón llegó a creer que, más que un guardián de la ley,  era su propia encarnación y que, por consiguiente, podía actuar sin limitación alguna. Y para incrementar al máximo su popularidad, nada mejor que encausar a sus adversarios políticos  favoreciendo así los intereses del PSOE,  y embarcarse tontamente en la investigación de los crímenes atribuibles a la dictadura de Franco. Y nada mejor que  la Audiencia Nacional para emprender, con toda clase de ventajas,  esa guerra absurda contra el Partido popular

La ocasión se la facilitó José Luis Peñas, antiguo concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Majadahonda, que en noviembre de 2007 presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra su amigo Francisco Correa. Utilizando las grabaciones que José Luis Peñas entregó con la denuncia, el juez Garzón pone en marcha, en febrero de 2009,  la tan traída y llevada operación Gürtel. Se detiene a Francisco Correa y a otros cuatro más entre los que está Álvaro Pérez, apodado “El Bigotes” y el militante del Partido popular Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte. Se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

Acto seguido Baltasar Garzón se va de caza a Jaén, con el ministro de Justicia de entonces, Mariano Fernández Bermejo. En la montería, coinciden sospechosamente con la fiscal Dolores Delgado y con el ya famoso comisario jefe de la Policía Judicial Juan Antonio González, que suele ocultar su identidad tras el acrónimo JAG. Como, más que de una operación anticorrupción, se trataba de una operación política de gran envergadura, tenían que preparar cuidadosamente la caza de miembros destacados del Partido Popular, entre los que irán apareciendo el eurodiputado Gerardo Galeote, el senador y Tesorero del partido Luis Bárcenas y Francisco Camps, que posteriormente,  o no fueron citados por el  Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o fueron exculpados o declarados no culpables.

Permaneciendo aún incomunicados en el calabozo y sin tomar declaración a ninguno de los detenidos, se comenzaron a filtrar documentos desde el juzgado de Garzón a El País, con la clara intención de desacreditar mediáticamente al Partido popular. Se revelaron delictivamente al periódico del Grupo Prisa, secretos y conversaciones privadas, logradas mediante interceptación de llamadas y conversaciones privadas. Cegado de su obscena soberbia, se atreve a  vulnerar conscientemente hasta las  garantías constitucionales más elementales y ordena grabar las conversaciones entre varios de los imputados, que estaban en la cárcel por el caso Gürtel,  y sus abogados.

Con anterioridad a estos hechos delictivos, Garzón había empezando a investigar formalmente los crímenes del franquismo y ordenó abrir varias fosas de la Guerra Civil, a pesar de la advertencia clara de la Fiscalía, indicándole que semejante caso escapaba a su competencia. Es evidente que Baltasar Garzón se extralimitó puniblemente en el caso de las escuchas en el caso Gürtel y también en la investigación de los crímenes del franquismo. Esto dio lugar a sendas querellas por presunta prevaricación, una de ellas del abogado Ignacio Peláez, perjudicado con la grabación las conversaciones con su defendido implicado en el Gürtel; y la otra del Sindicato Manos Limpias por investigar la represión franquista sin tener competencia para ello.

Ambas querellas fueron admitidas a trámite por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España, acordando la apertura de juicio oral en ambas causas. Esto determinó que el Consejo General del Poder Judicial suspendiera cautelarmente a Garzón por las escuchas ilegales primero y después por su decisión de declararse competente para investigar los crímenes de la dictadura de Franco. Además de en estos dos casos, tendrá que sentarse una tercera vez en el banquillo de los acusados, acusado de cohecho impropio por los cobros durante su estancia en Nueva York.

Llama la atención que un juez como Baltasar Garzón, después de estar en el ajo durante tantos años, no crea en la Justicia. Eso indica al menos su manifiesta desconfianza hacía tantos jueces del Tribunal Supremo. No cree en su imparcialidad y, por eso, esas sonadas recusaciones de la mayor parte de los magistrados que debían juzgarle.  Y a pesar de conseguir que le aceptaran la recusación de cinco de los siete jueces designados para juzgarle, por previsible falta de imparcialidad objetiva, sigue con sus suspicacias y tremendamente receloso del comportamiento de los que, al final, le van a juzgar.

De ahí que Garzón, si no moviliza directamente a sus fans, alienta las esperpénticas protestas que realizan a las puertas del Tribunal Supremo. Y como aún le parecen poco estas carnavaladas, requiere la presencia en el juicio de ciertos jueces y juristas extranjeros, supuestamente defensores acérrimos de los derechos humanos, para chantajear abiertamente a los miembros del tribunal que lo juzgan. Y si un juez desconfía de la Justicia tan ostensiblemente, ¿qué no harán los ciudadanos de a pié, que no pueden esperar cierto grado de debilidad o comprensión debidas al corporativismo o a cualquier otro motivo?

Menos mal que, con el cambio de Gobierno, es muy posible que desaparezca de una vez la crisis que ha venido perturbando gravemente el funcionamiento de la administración de justicia desde la interesada reforma de 1985. Esa fue, al menos, la promesa de Mariano Rajoy, repetida una y otra vez en todas sus intervenciones en la última campaña electoral. Y según parece, en contra de lo que pensaba el gran cínico de la política Tierno Galván, la llamativa promesa de despolitizar los órganos judiciales fue hecha para cumplirla. Ahí están, para demostrarlo, las recientes declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría en la Comisión Constitucional del Congreso y las del nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ante la Comisión de Justicia del Congreso.

En este sentido, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría anunció que el Gobierno llevará a las Cortes una Ley orgánica que garantice que “las funciones del Tribunal Constitucional se ajustan a la Carta Magna”, confirmando además la recuperación del  recurso previo de inconstitucionalidad y amparo. Dejó bien claro que el Gobierno que preside Mariano Rajoy pretende separar “el poder Ejecutivo, sin paternalismos, del resto de poderes”. La posición del nuevo ministro de Justicia tampoco deja lugar a dudas, En esa comparecencia  suya ante la Comisión de Justicia adelantó que se iba a modificar el sistema de  elección del Consejo del Poder Judicial, volviendo al procedimiento utilizado antes de la reforma de 1985.

Una muestra evidente de que esto va en serio, es el perfil del nuevo Fiscal General del Estado. Nos suena a nuevo que el Fiscal General deje es estar al servicio del Gobierno para ponerse incondicionalmente al servicio del Estado. Si se completan todos los cambios prometidos para hacer efectiva la separación de poderes, los ciudadanos volverán a creer en la Justicia

Gijón, 29 de enero de 2012

José Luis Valladares Fernández

En principio, nada que objetar  teóricamente. Lo malo es que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático utiliza frecuentemente estudios tendenciosos y muy poco fiables para elaborar sus propias conclusiones. El último informe publicado por el IPCC sobre las energías renovables y el calentamiento global carece totalmente de la debida imparcialidad, ya que está basado exclusivamente en un estudio elaborado por Greenpeace en colaboración con el Consejo Europeo de Energía Renovable, el lobby de la industria eólica y solar con sede en Bruselas.

No pueden ser neutrales los miembros del sector energético de las renovables que intervinieron en la elaboración del documento base, juntamente con Greenpeace, por motivos obvios, ya que es normal que barran para casa. El Consejo Europeo de Energía Renovable, en efecto, representa a toda la industria de las renovables a nivel europeo. Tal es así que dicho Consejo se nos presenta asimismo  como una “organización paraguas de la industria renovable europea, asociaciones comerciales y de investigación”. Lo que quiere decir que, además de las empresas del sector, representa también a las diversas entidades tecnológicas y de investigación que se ocupan interesadamente de esta materia.

Tampoco puede ser neutral la ONG ecologista, pues nos tiene acostumbrados a que sus estudios climáticos siguen siempre una línea acorde con sus intereses particulares, sin preocuparse lo más mínimo si de sus informes se derivan perjuicios para consumidores y contribuyentes. Nunca ha sido imparcial Greenpeace. Siempre ha exagerado los desastres y las connotaciones negativas de la energía nuclear, silenciando maliciosamente los aspectos positivos de la misma. Ahí están sus exageraciones, referidas al accidente de la central nuclear de Fukushima, ocasionado por el tsunami que siguió al terremoto del 11 de marzo del pasado año. Pero ocultarán, en cambio, que estamos ante un tipo de electricidad más barato y estable que los demás y que además tiene una emisión muy baja de CO2.

El informe del gran lobby de las renovables, utilizado posteriormente por el IPCC para aconsejar a los Gobiernos, no puede ser más sospechoso. Dicho Consejo Europeo de Energía Renovable, tiene su sede en Bruselas y factura al año una cantidad muy próxima a los 70.000 millones de euros al año. Y a pesar de este volumen de ventas tan alto, es generosamente recompensado con abundantes ayudas y subvenciones de  la Unión Europea. Y con este informe, claro está, se elabora la famosa estrategia 20-20-20 para el año 2010. Se trataba de reducir un 20% las emisiones de los gases que provocan el efecto invernadero; ahorrar un 20% en el consumo de energía; y que las renovables contribuyeran con un 20% al conjunto del sistema energético.

Resulta todo extremadamente claro. Estamos ante un grupo de presión muy particular, dedicado exclusivamente a favorecer sus propios intereses de una manera sibilina. Las empresas renovables, en efecto, asesoran a los distintos gobiernos en materia energética. Y lo hacen con ayuda de dinero público, sugiriendo qué políticas deben implementar y el mejor modo de lograr sus objetivos. Y sin que el contribuyente ni el consumidor tengan vela en ese entierro. Al contribuyente se le esquilma para conformar las primas que reciben estas empresas y que en España rondan los 7.000 millones de euros al año y, como es evidente, el consumidor  cada vez tendrá una electricidad más cara.

El Gobierno anterior,  presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, fue excesivamente generoso primando a las empresas dedicadas a la producción de energía renovable. Su excusa no puede ser más baladí, pues argumentaba que así se fomentaba el desarrollo del sector y que todo ello redundaría en el futuro en una energía más limpia y progresivamente más barata.  Los datos nos dicen todo lo contrario. Las empresas dedicadas a la producción de energía eólica y fotovoltaica, con una producción de 22.657 GWh en 2004, fueron agraciadas con 663.499 euros y en 2010, con una producción de 59.342 GWh, la prima que se llevaron ascendió a la importante cifra de 5.268.090 euros, aparte, claro está, de la cantidad que obtienen con la venta de esa energía.

Es evidente que, con la política energética del Gobierno saliente, salieron enormemente perjudicados los consumidores y los contribuyentes, pues el coste total de las energías renovables, en términos absolutos, se multiplicó por ocho desde el año 2004, y su coste relativo hay que multiplicarlo por tres. Lo que dio lugar a un encarecimiento indiscutible de la luz y, como no,  a nuevas subidas fiscales y que siga, además, aumentando la deuda tarifaria. Durante el año 2010, el precio medio del MWh  en el mercado mayorista fue de 45,12 euros, mientras que el MWh eólico se pagó a 76,84 euros y el MWh fotovoltaico se pagó a 475,6 euros.

El coste de generar energía eléctrica depende de la fuente de producción que se utilice. Por mucho que digan los ecologistas y los detractores  de la energía nuclear, esta es, con mucho, la que resulta mucho más barata, y la más cara la fotovoltaica. Generar electricidad en una central nuclear, teniendo en cuenta la operación y mantenimiento, el combustible consumido, la inversión recurrente, así como el coste de gestionar los residuos, no llega a los 20 euros el MWh. Unos 16 ó 17 euros como máximo. En todo caso, bastante más barato incluso que la producida hidráulicamente, que andaría por los 45 euros el MWh.

Fue en 1984 cuando el Gobierno de Felipe González cometió el disparate energético más absurdo de nuestra historia industrial, limitando el peso nuclear a 7.500 MWh, unos 5.000 menos de los contemplados  en el Plan de 1978-1987. Precisamente por eso, el Gobierno socialista de entonces paralizó las obras de las centrales nucleares de Lemóniz I y II en Vizcaya, Valdecaballeros I y II en Badajoz y Trillo II en Guadalajara que estaban ya casi terminadas. Con esta disparatada moratoria nuclear, provocó unas enormes pérdidas, al menos unos 730.000 millones de las pesetas de entonces, unos 8.000 millones de los euros actuales.

Esta moratoria nuclear no solamente la pagaron las empresas que se habían lanzado a la construcción de nuevas centrales nucleares. Lo pagaron también todos los consumidores que debían hacer frente a un recibo de la luz. El Gobierno socialista de Felipe González, para compensar a las compañías eléctricas por las pérdidas ocasionadas con esa paralización, aprobó una disposición que las autorizaba a incluir en el recibo de la luz un porcentaje determinado para recuperar parte de las inversiones perdidas.

Y si fue una barrabasada mayúscula bloquear en 1984 la terminación y la puesta en marcha posterior de las cinco centrales nucleares citadas,  no es menos aberrante que, a estas alturas, no se haya programado la puesta en marcha de algún nuevo proyecto, o la recuperación del antiguo si aún es posible, pues la moratoria nuclear desapareció con la liberalización del sector eléctrico  en 1997. Hay que tener en cuenta que necesitamos de manera urgente aumentar nuestra producción eléctrica para atender autónomamente la demanda interna y abaratar los costes de la luz eléctrica. Va a ser muy difícil encontrar compañías eléctricas dispuestas a invertir la abultada cantidad de millones de euros que cuesta una central nuclear. Y mucho más, cuando ven que, gracias a las primas y a las subvenciones y a que se requieren inversiones mucho menores, resultan más rentables las energías renovables y las de ciclo combinado.

Si no cambia la orientación, nos quedaremos sin centrales nucleares y, como no será posible autoabastecernos, o volvemos a los arcaicos candiles de antaño o  importamos de Francia ese tipo de energía a precio de oro y correremos con todos los riesgos que puedan derivarse de este tipo de centrales sin tenerlas.  Francia cuenta con 50 centrales nucleares, y algunas  muy próximas a la frontera española. Y si alguna de ellas sufriera algún percance grave, afectaría indudablemente a España. Las centrales nucleares francesas producen ellas solas prácticamente el 80% de la electricidad generada en Francia. Y como las centrales nucleares suelen operar con una carga constante, cuentan con unos excedentes notables de electricidad que exporta tranquilamente sin el menor inconveniente. De ahí que el precio de la electricidad en Francia sea uno de los más bajos de la Unión Europea.

Nosotros, entre tanto, continuaremos contaminando y afeando nuestros paisajes con esas ineficientes placas solares y los molinillos o aerogeneradores eólicos, cuya producción sale mucho más cara. Así que, al contrario de Francia, tendremos la electricidad más cara, o una de las más caras de la media de la Unión Europea. Mientras que en la Unión Europea el precio medio de la electricidad para uso doméstico está en  17,08 euros los 100KWh, en España se sitúa en 18,51 euros,  y que puede subir hasta los 20,04 euros si tenemos en cuenta la diferencia en el producto interior bruto.

Gijón, 18 de enero de 2012

José Luis Valladares Fernández

Hace ya tres años que el Gobierno socialista del ‘vendeburras’ de León decidió adoptar medidas restrictivas contra los funcionarios y, sin duda, los más perjudicados de todos han sido los docentes. Estos últimos han podido comprobar cómo sus retribuciones se rebajaban considerablemente, entre un 5 y un 10 %. Ni los más viejos del lugar.
Por si no era suficiente, tanto el propio Estado en sus presupuestos como las comunidades autónomas tuvieron la ‘brillante’ idea de recortar en educación, hasta un montante global de cerca de cuatro mil millones de euros. Esta vez, los docentes volvían a ser los eternos perjudicados porque tales medidas incidían en el personal, en los programas educativos y en la reducción drástica de gastos de funcionamiento de los centros.
Y por si los cargos políticos no se habían saciado de recortar a los demás –cuando realmente los culpables eran ellos y es ahí donde hay que aplicar los recortes— llegan y recortan puestos de trabajo, sobrecargando a otros profesionales con el trabajo del profesor del puesto eliminado. El colmo del recorte llega cuando el actual ministro de educación plantea a los consejeros de educación de las comunidades autónomas que hay que congelar la oferta de empleo público. Ni habrá oposiciones en 2012 ni las hubo en muchas comunidades durante 2011. Más paro y más frustración para la juventud.
La situación es grave, muy grave, porque a todo ello se une que al no recibir los centros educativos los gastos de funcionamiento que les corresponden, en muchos de ellos no se puede encender la calefacción ni se pueden hacer fotocopias ni hay tizas ni papel higiénico… ¡No duden que la situación tiene que estallar no tardando! El modelo de político que tenemos hay que desterrarlo cuanto antes.
A todo eso que hemos enumerado se une el hecho de que, en este momento, el Gobierno de Mariano Rajoy se ve obligado a seguir congelando el salario de los funcionarios porque la prórroga de los presupuestos obliga a ello. El Gobierno de Rajoy arrastra una mala gestión generada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, de la misma forma que arrastra un agujero abrumador de miles de millones de euros y un déficit que haría sonrojar al más listo. A eso añadan que la subida del IRPF va a acabar de crujir a los trabajadores públicos y a cuantos trabajadores penden de una nómina.
Curiosamente, como plasmaba un sindicato docente, de esos que son serios y se mantienen con las cuotas de sus afiliados (nada que ver con el abuso del sindicato vertical unificado de UGT y CC.OO.) estamos “ante un nuevo castigo al colectivo docente; precisamente el funcionariado más perjudicado ya por los recortes presupuestarios”. Por si alguien no lo recuerda, antes de la crisis los docentes ya habían perdido un 26 % de poder adquisitivo, en tanto que otros colectivos veían cómo aumentaban sus retribuciones salariales.
Si a lo indicado en el párrafo anterior se une que el acceso al fondo de pensiones creado para todos los demás funcionarios no procede para los docentes, pues entonces no hay duda que ese colectivo es el más perjudicado de todos. Al menos los profesores podrán optar al pluriempleo que suponen los  “minijobs”, con el fin de complementar sus míseros salarios.
Ah, se me olvidaba, ahora pretenden subir las horas de trabajo semanales (también a los docentes) pero seguirán metiendo el sueldo en el congelador. Pues saben una cosa: no estaría de más que rebajaran sus horas de trabajo en proporción al futuro descuento de su nómina. La solidaridad empieza por donde más perjudicados existente: en este caso, de nuevo son los docentes. No olvidemos que desde el sector docente se puede volcar un Gobierno y solo falta una chispa más.
Jesús Salamanca Alonso

Hubo momentos en que el juicio parecía un concurso empalagoso de toma y daca; otras veces derivaba hacia una telenovela de pijos agradecidos, se animó con algún instante de intrigas y venganza, pero siempre se trataba de lo mismo: políticos agradeciendo las dádivas a una pandilla de horteras que se dedicaban a conseguir contrataciones.

No me creo que al PP le haya gustado la sentencia, ¡vaya peso se hubiesen quitado de encima si son declarados culpables!. Ahora se encuentran con dos militantes reparados, pero con un apaño tan chapucero que no sirven precisamente para presumir.

¿Quién repone la honorabilidad de Camps y Costa? preguntó Maria Dolores de Cospedal. Le contestaré lo que ya sabe, nadie, absolutamente nadie. Todos   nos  hemos dado cuenta de que la miseria moral se vestía a medida y legalmente no será cohecho, pero así entre los ciudadanos los llamamos como mínimo desvergonzados

Mark de Zabaleta

Aunque han sido muchos los responsables políticos que, en todos los ámbitos, han obrado así, los casos más bochornosos fueron los protagonizados por Trinidad Jiménez, que ocupaba la cartera  del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y Valeriano Gómez, entonces ministro de Trabajo e Inmigración. No tuvo el más mínimo inconveniente Trinidad Jiménez para adjudicar 63 millones de euros un día después de perder las elecciones. Más sangrante es incluso el comportamiento de Valeriano Gómez que aprovechó su último día en el cargo para otorgar nada más y nada menos que 152 millones de euros en subvenciones.

Cuando un Gobierno pierde la confianza de los electores y, en consecuencia, sale derrotado en las urnas, sus miembros pasan a ser simplemente ministros en funciones y continuarán en el cargo hasta la toma de posesión de los del nuevo Gobierno. Y la más elemental decencia exige taxativamente que, quien se halle en esa situación, se limite a resolver cuestiones de puro trámite y se abstenga de abordar problemas de mayor calado. Y si lo hace, será siempre con la connivencia del Gobierno electo y siguiendo en todo sus instrucciones. Y conceder subvenciones millonarias, que se sepa, no es una cuestión de puro trámite. Y tanto Trinidad Jiménez como Valeriano Gómez eran ministros en funciones cuando abrieron su tómbola para repartir esa lluvia de millones de dinero público.

Justamente un día después de la debacle electoral de los socialistas, el 21 de noviembre del pasado año, la ministra en funciones de Exteriores, Trinidad Jiménez, tira de chequera y, por mediación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, funde de una tacada esos 63 millones de euros. Aunque buena parte de ese dinero lo distribuye fuera de España, destina  partidas muy jugosas para proyectos sumamente llamativos a desarrollar en España. Y además de llamativos, son también absurdos, y más si tenemos en cuenta la cantidad  de parados que tenemos en España, que sobrepasan los cinco millones.

La ONG española “Al Tarab”, por ejemplo, se lleva 250.000 euros para realizar durante los dos próximos años el “Festival de cine africano de Tarifa”. No menos importante es el encargo que recibe la “Fundación MUSOL” para que, a cambio de una subvención de 125.000 euros, se encargue de la  “Formación e implicación en la Educación para el Desarrollo de los políticos, funcionarios y técnicos de la administración local y autonómica”. Considera la afortunadamente ya ex ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, que es de suma importancia sensibilizar a los jóvenes de ciertas localidades españolas para que se impliquen “en la construcción de una Ciudadanía global para la lucha contra la pobreza”. De semejante proeza se encargará la “Liga Española de Educación y Cultura Popular” a cambio de 108.676 euros.

No acaban aquí las vergonzosas adjudicaciones de dinero, hechas a destiempo y olvidándose de otras necesidades mucho más urgentes. Con la lectura del Boletín Oficial del Estado del pasado 11 de enero, no sabe uno si reírse o montar en cólera. Son muchas las organizaciones agraciadas, además de las ya citadas, pero relacionadas prácticamente todas con el Lobby Gay o entornos feministas. Por citar alguna, nos encontramos con la “Fundación Triángulo”, que se lleva 100.000 euros; “Economistas sin fronteras”, premiada con 208.875 euros; la “Coordinadora Estatal de Organizaciones de Comercio Justo” que se embolsa 290.000 euros.

No cabe duda de que la afortunadamente ya ex ministra, Trinidad Jiménez, ha vivido  obsesionada porque las mujeres puedan disfrutar plenamente de sus derechos sexuales y reproductivos sin el menor inconveniente. Así habilita in extremis 316.904 euros para que las mujeres de Kayes, república de Mali, disfruten sin problemas de todos esos derechos sexuales. En la misma línea, entrega 169.958 euros para “reforzar la capacidad de los jóvenes del sector informal a exigir sus derechos de salud sexual y reproductiva a través de la cultura de Bamako, Malí”. Ella sabrá qué quiere decir con jóvenes del “sector informal”. Y aunque parezca una broma, suelta también 293.899 euros para resolver los “conflictos con los hipopótamos en Guinea-Bissau”.

La actuación del anterior ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez Sánchez es aún más sangrante que la de Trinidad Jiménez. Si Trinidad Jiménez se soltó el pelo un día después  de perder las elecciones, Valeriano Gómez lo hizo un día antes de que se constituyera el nuevo Congreso salido de las urnas,  en el que el Partido Popular va a tener la mayoría más absoluta de nuestra democracia. Los datos completos de semejante desvarío los tenemos en el Boletín Oficial del estado del pasado día 13 de enero. Y este ya ex ministro de trabajo no se anduvo con chiquitas  y, en su último día como ministro en funciones, distribuyo la importante cantidad de 152 millones de euros.

Son decenas de pueblos, tanto de Extremadura como de Andalucía, los que se beneficiaron de esta impensada lluvia de millones de euros, con la disculpa de impulsar el empleo agrario. Aunque la mayor parte de este pastel se lo llevó la Diputación Provincial de Cádiz, a donde fueron a parar, en 76 partidas diferentes, la friolera de 13.298.443 euros para fomentar el empleo agrario. Al lado de esta asignación, lo que se llevó, por ejemplo,  la Diputación Provincial de Córdoba, no pasa de ser una simple limosna, ya que solamente logró 778.000,88 euros.

Tampoco pueden quejarse las organizaciones sindicales mayoritarias por el trato recibido en este reparto de dinero. Fueron varas las partidas adjudicadas a CC.OO. como “Ayudas del subsistema de formación profesional para el empleo: formación profesional de ocupados”. La Confederación Sindical de CC.OO. recibió 7.480.141,26. La Federación de la Industria Textil-Piel, Químicas y Afines del mismo sindicato recibió tres partidas de dinero, una de 230.046,88 euros, otra de 41.820 euros y la última de 660.142,94 euros. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de dicho sindicato fue premiada con dos cantidades importantes, una de 181.900,00 euros y otra de 180.046,96 euros. También hicieron caja FECOMA.CC.OO y la Federación de Industria de CC.OO. El montante total de lo recibido por CC.OO. se acerca a  los 9,5 millones de euros.

La cantidad recibida por la UGT es muy similar a la recibida por CC.OO., unos 9,3 millones de euros distribuidos de la siguiente manera: La Federación de Industrias Afines de UGT se lleva 1.188.370 euros; FTCM-UGT recibe 175.171 euros; Metal Construcción y Afines UGT, 191.166 euros; las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son agraciadas con 111.306 y 112.000 euros respectivamente; y por ultimo la Unión General de Trabajadores de España es beneficiada con 7.600.053,65 euros.

Los empresarios tampoco han sido olvidados en este generoso reparto de subvenciones, toda vez que la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa y la CEOE se vieron recompensadas  con 6.669.491 euros y con 6.598.549 euros respectivamente. A estas cifras embolsadas por los sindicatos de CC.OO, la UGT y por los empresarios hay que sumar los 30.025.756,10 euros recibidos por la Fundación Metal Formación Cualificación y Empleo. Se trata de una entidad dedicada a dar cursos de formación con sede en Gijón y que está participada por los dos sindicatos y la Federación de Empresarios del Metal de Asturias.

Las circunstancias en que fueron concedidas estas subvenciones, dejan al descubierto la catadura moral del Gobierno de Zapatero. No buscan remediar necesidades apremiantes de los ciudadanos, ni siquiera buscan afianzar el bienestar social. Su única preocupación es la de dejar una situación económica lo peor posible para que, los que en breve se harían cargo del Gobierno, les resulte poco menos que imposible arreglar nuestra situación económica. Procuraron intencionadamente dejar deudas astronómicas en vez de dinero, para que el nuevo Gobierno se vea obligado a hacer auténticos malabarismos para enfrentarse a los problemas heredados y obligarles a imponer recortes y subir impuestos, esperando que así incomoden y enfaden a los ciudadanos afectados.

Gijón, 14 de enero de 2012

José Luis Valladares Fernández

Nos contaban en el colegio que don Rodrigo Díaz de Vivar, “El Cid Campeador”, ganó batallas después de muerto, a lo que habría que añadir que también Rodríguez Zapatero siguió mintiendo hasta después de abandonar el Gobierno. La prueba de esa mentira está en la permanencia de ETA en su afán pistolero, entre otros hechos.
Ahí tienen a los etarras detenidos en Francia, en una estación próxima a París. Confiados en que se iba a seguir cumpliendo la hoja de ruta trazada entre ETA y el Gobierno de Zapatero se movían a sus anchas con armamento y explosivos. Ah, y no daban órdenes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado porque no habían tenido ocasión de ello. ¡Hasta dónde hemos llegado! ¿Y los presos piensan que van a salir a la calle amnistiados? ¿Pero a qué peral equivocado se han subido?
Mucho hablar de abandono definitivo de las armas y del fin de la violencia armada pero los tres etarras llevaban encima diverso tipo de material para seguir fabricando bombas. Lo dijimos hace tiempo y se ha vuelto a cumplir: no hay que creer a ETA ni para bien ni para mal; no han abandonado las armas; volverán a atentar tan pronto como encuentren confiada a la población; hay alimañas que se adormecen temporalmente; la organización sigue activa y cobrando impuesto revolucionario a empresarios y autónomos; la banda ha seguido pasando la hucha en los comercios del País Vasco durante la Navidad y su destino son los presos vascos y, por último, ahí tienen a los integrantes de la banda alimentando zulos un día sí y lo mismo al siguiente.
Fuentes antiterroristas han confirmado que los miembros de la banda armada trasladaban “resina de cristal, epoxy y circoflex”. No solo iban armados sino que portaban documentación y matrículas falsas. ETA ha vuelto a las andadas; eso sí, en connivencia con miembros relevantes del PSOE han vuelto a las instituciones, desde donde se hacen con dinero fácil, información de primera mano y controlan poblaciones enteras. Precisamente quienes llevan echando pestes contra la Constitución de 1978, resulta que se amparan en ella para dirigir y controlar cuanto les conviene. Y por si no era suficiente, el Constitucional les recibe con palmaditas, pastas y té. Al menos esa es la impresión que han dado la mitad de los integrantes de ese Tribunal cuya credibilidad está por los suelos y será difícil que se levante en mucho tiempo.
Hasta han conseguido entrar los ‘primos’ de ETA en el Parlamento español, desde donde opondrán resistencia al Gobierno, se mofarán de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, llegado el caso, aplaudirán nuevos atentados en nombre de la paz, la democracia y la convivencia en el Pueblo Vasco. Todo ello gracias a la ineficacia del Gobierno socialista y del egoísmo mal entendido del más nefasto presidente de los Gobiernos democráticos españoles: Rodríguez Zapatero, un gafe sobrevenido para la desgracia de una Nación. Recordando a Tagore ya saben aquello de: “leemos mal en el mundo y luego decimos que nos engañan”.

No estaría de más que la factura de la crisis, que azuza a tantos millones de españoles, la pagaran los verdaderos culpables. La verdad es que, desde nuestro punto de vista, podría acusar a varios con el riesgo de olvidar alguno. Lo que sí tengo claro es que la culpabilidad clave no está en la ciudadanía, ni en el contribuyente común. Miren ustedes hacia la banca y hacia la clase política. No hay mucho más donde acusar.
La pena es que pagaremos la crisis los ciudadanos normales. Precisamente quienes ya no tenemos cinturón con agujeros. España es, ahora mismo, el erial que han dejado las huestes de Zapatero y Rubalcaba. Estaría bueno que los socialistas volvieran a dar su confianza a Alfredo, sería como otorgar capacidad de liderazgo a un espantapájaros. Un Rubalcaba que ha dañado al país, y con el que se encuentra en deuda, desde la LOGSE hasta el ‘caso Faisán’.
¿Y qué nos encontramos ahora, a diario? Nos encontramos la desconfianza en Mariano Rajoy. Un presidente que sabía lo que había y, a pesar de ello, siguió mintiendo con los impuestos. No era preciso subir esos porque España solo precisaba buena gestión, según decía a la desesperada. Pero claro, una vez que se vio con los votos necesarios, cambió la forma de ver las cosas. Ya decía R. Tagore que la verdad no está de parte de quien grite más.
La mentira de Mariano arranca en el mismo momento en que él negó por activa y por pasiva la subida de impuestos. No se podía perder ni un solo voto. Nadie debe olvidar que sigue habiendo centenas de altos cargos que solo son carga porque sus cometidos no están definidos; sueldos desorbitados en manos de ‘pelamanillas’ descontrolados; privilegios en  el seno de familias que se resisten a la reconversión; fundaciones manipuladas y obsoletas en manos de desaprensivos; empresas públicas que deben desaparecer de inmediato y duplicidades que atentan contra la dignidad del ciudadano y contra el bolsillo del contribuyente: ¿Por qué INEM y ECyL, por ejemplo? ¿Por qué AEMET y departamentos de Medio Ambiente de Comunidades donde se imita con mucho gasto inútil a la Agencia Estatal de Meteorología? Como decía un analista en la Gaceta de Salamanca: “…, hay mucho miedo a dejar a más de un incapacitado sin la poltrona que le vino dada por la gracia de Dios”.
Si nos centramos en una Comunidad autónoma como Castilla y León, Herrera Campo ha actuado al contrario de lo que ha hecho su compadre, Mariano Rajoy. ¿Conocen esa mandanga del “céntimo sanitario”? Miren ustedes: al pobre Herrera Campo – sin duda el peor presidente que ha pisado el Palacio de la Asunción — se le ha ocurrido que quienes dispongan de vehículo paguen  4,8 céntimos por cada litro de gasolina que reposten en Castilla y León.  Le da lo mismo que ganen 900 euros o 3.500 euros mensuales.
Lo de este presidente es un atentado al sentido común de la ciudadanía. Ahora resulta que vamos a tener que pagar las barbaridades e insensateces de ‘Juanvi’ Herrera; la despoblación a la que ha llevado su incompetencia y los desmanes de los políticos que él ‘abandera’ con su política ultraconservadora y decimonónica. Nos cuesta ver otras manos negras que no sean las de Pilar del Olmo o la del consejero Silván, verdaderos aprendices de acólitos para con Herrera Campo.
Bien es verdad  que no han faltado quienes ven como ‘mano negra’ al ex presidente del PP de Valladolid, Tomás Villanueva. Sea como fuere, el caso es que Herrera Campo está ‘degollando’ el trabajo de sus predecesores en Castilla y León. Y no hay mejor puntilla para realzar su cobardía y su adocenada presidencia que implantar el “céntimo sanitario”. Un impuesto que ha sido calificado como atraco, auténtica vergüenza, ataque a las clases medias y chapuza integral.

Y para coartar o poner trabas al cristianismo, nada mejor que readaptar las costumbres y los ritos católicos a los nuevos aires del laicismo o relativismo moderno. No cabe duda de que así nos olvidaremos pronto de lo que en realidad nos importa, de lo que nos trasciende y nos dignifica moralmente. Y si nos olvidamos de lo que  da sentido a nuestro existir y no a nuestro vivir, les resultará mucho más fácil constituir una nueva iglesia civil y laica, que es lo que realmente pretenden. Con esta malsana intención,  pusieron en marcha el matrimonio civil. Las bodas civiles hoy día pueden compararse ya, en número y magnificencia,  a los matrimonios religiosos. Únicamente les falta un detalle, que de momento no se celebran en una iglesia, pero todo se andará.

Después de los matrimonios civiles, le toca el turno a los bautizos laicos, que se instauran en febrero de 2007. ¿Qué mejor que un bautizo para dar la “bienvenida democrática” a los recién nacidos a la sombra de los principios de libertad, igualdad  y fraternidad o respeto, heredados de la Revolución Francesa. El ceremonial utilizado es muy similar al religioso: se impone el nombre al neófito y, después, el oficiante da lectura a los artículos 6, 12 y 27  de la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña, aprobada por las Naciones Unidas en noviembre de 1989. Recuerda, además,  el artículo 27 de la Constitución, que hace referencia a la educación del niño y finaliza el acto con la firma de la Carta Municipal de Ciudadanía del Niño, en el que los padres se comprometen a defender los derechos de los niños.

El primer niño bautizado civilmente en España fue Marcel Planell, cuya ceremonia laica tuvo lugar en el Ayuntamiento barcelonés de Igualada. El segundo se celebró en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid y el tercero en el municipio malagueño de El Borge en la comarca de Axarquía. Desde aquellas fechas hasta ahora se han ido multiplicando los padres que piden para sus hijos esta alternativa laica al ritual cristiano del bautismo. Ha adquirido tanta importancia el bautismo civil,  utilizado para dar la bienvenida ciudadana a los recién nacidos, que la Generalitat de Cataluña ha editado ya un detallado “ritual litúrgico laico” para bautismos, matrimonios y exequias.

Ha habido una empresa en Galicia, la viguesa Brunet y Conde que, para solemnizar el bautismo laico, ha desarrollado todo un ceremonial privado, bastante más pomposo y atrayente que el que se pueda celebrar en los juzgados o ayuntamientos. Fue precisamente esta empresa la que se encargó de organizar en Redondela la ceremonia laica  del bautizo más fastuoso de los celebrados hasta ahora. Pero el bautizo laico más aireado por los medios de comunicación fue, sin duda alguna, el del niño Leo, el  hijo de Cayetana Guillén Cuervo y Omar Ayyashi, celebrado en la Casa de la Panadería de Madrid. La popularidad de los padres de Leo y la significación política del oficiante, el concejal de Madrid Pedro Cerolo, dieron a este bautismo laico una relevancia mediática desmedida. Después de bendecir “democráticamente” al hijo de Cayetana  Guillén, Cerolo pidió al Ayuntamiento que abriera “un registro y un protocolo” para registrar debidamente estos actos de acogimiento civil.

Si se celebran bautismos alternativos al religioso, es normal que se programen  primeras comuniones laicas y que lo hagan con el mayor boato posible. El alcalde de Rivas-Vaciamadrid, José Masa Díaz, en vista del notable éxito alcanzado por los bautismos civiles, quiere celebrar también primeras comuniones laicas. Los destinatarios de esta nueva ceremonia profana, en todo muy similar a la primera comunión religiosa,  serían los niños de entre 8 y 10 años. Es normal que estos niños, siempre que lo soliciten sus familias, puedan tener también unas fiestas de comunión, a las que se han dado en llamar “fiestas del florecimiento”.

Aunque no hay nada más surrealista y absurdo que, abominando de la Iglesia y de todo lo que esta significa, se procure imitar sus ceremonias religiosas, utilizando incluso hasta los mismos gestos y las mismas palabras. Y para seguir en la onda del disparate, no tardaremos en ver “confirmaciones civiles” y, por qué no, “misas laicas”. Siguiendo el ceremonial laico preestablecido, la “confirmación civil” se celebrará probablemente cuando los jóvenes cumplan los 18 años, para que puedan jurar sobre la Constitución que observarán  fielmente los distintos valores democráticos sancionados oportunamente por los actuales prebostes del laicismo.

Y la misa laica no es un invento puesto en marcha ahora por los actuales apóstoles del laicismo moderno. Viene de muy atrás. Los regímenes comunistas y los nazis, ya intentaron en su día crear una iglesia paralela a la oficial, aunque fracasaron en el intento. Es lo que intentan ahora los nuevos profetas de lo políticamente correcto, instaurar por fin esa religión laica, que sirva de base a la moral personal de los distintos miembros de la misma. Y para buscar adeptos y embaucar a incautos, ejercen  un proselitismo extremadamente más agresivo que el practicado en otras épocas por los católicos y que ellos tanto han criticado.

Y además de parodiar los cultos cristianos, copiando lo más exactamente posible sus ritos y ceremonias religiosas, se apropian también de los nombres que habitualmente ha utilizado la Iglesia para dar nombre a sus sacramentos. No les valen otros nombres y seguirán hablando de bautismos y comuniones a los que agregarán simplemente la palabra civiles o laicos. Un ejemplo muy claro de testarudez olímpica lo tenemos en que, a toda costa, había que dar el nombre de matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo. No les valía ninguna otra aunque prácticamente tuviera los mismos efectos jurídicos que reclamaban. Aunque la palabra matrimonio indica complementariedad y se refiere a la unión de dos personas que se complementan entre sí, se obstinaron en aplicarla también a esas otras uniones donde no hay posibilidad de ningún tipo de complemento humano. A ver lo que tardan en exigir que se les deje utilizar los templos o las iglesias parroquiales, para celebrar esos actos laicos en idénticas condiciones y con el  mismo boato que los católicos.

Gijón, 5 de enero de 2012

José Luis Valladares Fernández

Mark de Zabaleta

El acuerdo alcanzado entre la consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León y los sindicatos de la Comunidad no  solo no deteriora el empleo sino que ni siquiera perjudica a los trabajadores. Precisamente, en el ámbito docente entendemos que la reducción de liberados sindicales tenía que haberse hecho antes; no obstante, ya que se hace con tanto retraso, debe ser bastante mayor de lo acordado y así se lo hemos manifestado a la consejera en la reunión de estos días.
La situación económica actual hace imprescindible renegociar un nuevo acuerdo de horas sindicales, con el fin de evitar daños colaterales. El gasto que supone el acuerdo existente ahora sonroja al más cuerdo. La rebaja de horas debe hacerse al menos de hasta un 72%, de la misma forma que los liberados sindicales han de reducirse en esa misma proporción.
La reducción de liberados sindicales que pretende la consejera de Hacienda (292) es una tomadura de pelo y un desprecio al contribuyente; tan solo supone un  30,74% de reducción. Y en cuanto a dinero ahorrado, apenas va a llegar a los 13 millones de euros.  No precisamos representantes sindicales y menos aún si son liberados del sindicalismo de clase. Una vez que se lleve a cabo esa reducción, todavía quedarán liberadas 658 personas; eliminar también la liberación de  esas  658 supondría, teniendo en cuenta que suele haber reposición de los efectivos liberados, un ahorro de algo más de 28 millones de euros. ¿Vamos a consentir en Castilla y León semejante agresión? ¿No pagamos ya suficientes impuestos? ¿Acaso no hay que cambiar la Constitución y modernizar la mal llamada “representación de los trabajadores”?
¿Qué han conseguido los liberados sindicales y los propios sindicatos, aparte de prebendas propias y para sus familiares? Nada de nada ¿Para qué queremos liberados sindicales? ¿Acaso van a los centros educativos y a las empresas a resolver los problemas de los trabajadores?  En lo que se refiere al profesorado y a los centros educativos, tan solo atienden a los docentes aquellos sindicatos  profesionales que carecen de prebendas del Estado o de la comunidad; es decir, los que no tienen ‘mamandurrias’ ni están apoltronados desde tiempo inmemorial (ANPE, STEs, ASPES…).  Doy fe que los sindicatos de clase — más conocidos como el sindicalismo vertical unificado — solo acuden en vísperas electorales.
Cada liberado sindical genera un doble gasto: su sueldo, con todo lo que ello conlleva y, además,  la necesidad de reponer a otra persona en su puesto de trabajo. Hay que conseguir que el Gobierno suspenda las ayudas a los sindicatos de clase, así como que esos se financien de las cuotas de sus afiliados. A ello hay que añadir la necesidad de hacer devolver a los sindicatos de clase los excesos del mal llamado “Patrimonio sindical” (verdadera forma de pagar favores y de corromper sindicalistas). Y si, además, conseguimos que sean los sindicatos quienes abonen la nómina de sus liberados habremos conseguido un hito social sin parangón que será la guinda del bienestar social. El ahorro para el Gobierno y para el contribuyente sería tal que se podrían mantener otras ayudas más necesarias que los sindicatos. Precisamente, ayudas que de momento están suspendidas temporalmente.
¡A trabajar, señores, que es lo que toca para levantar España! ¡Ya está bien de levantarse a las 11 de la mañana y llenar de gente el ‘burdel’ sindical a diario! Déjense de decir barbaridades sobre el neoliberalismo que, dicho sea de paso, es lo que nos sacará del caos generado por el denigrante, vulgar, caótico y embustero socialismo. Deberían  aprender de la doctrina y del pensamiento de Goethe, en el sentido de tener claro que “obrar es fácil, pensar es difícil; obrar según se piensa es aún más difícil”.

No hay duda que el motivo de los recortes es la mala gestión de los Gobiernos de Zapatero. Se tomaron lo de llegar al poder como si fueran las ‘fiestas del pueblo’ y solo sabían gastar y gastar sin límite ni control. Además de agotar la hucha que habían generado los Gobiernos de Aznar, se despreocuparon de aportar de vez en cuando. Y esa misma tónica siguieron los sindicatos de clase: mientras ellos recibían ‘mamandurria’ les daba igual el resultado final. Y, señores ¡ya han visto cómo nos cubre el pelo! Hasta los jubilados se sienten defraudados y ‘estafados’.
Independientemente del resultado, el caso es que gran parte de los pensionistas volverán a ‘jurar en arameo’ cuando vean su nómina. En 2012 volverán a perder poder adquisitivo. Y lo volverán a perder un año más. Bien es cierto que Mariano Rajoy ha cumplido su compromiso electoral de actualizar las pensiones — cosa que no se hizo en 2011 porque había que luchar contra el déficit público y mantener el engaño propio de la aturdida izquierda– pero también es verdad que con el aumento del IRPF a muchos de los jubilados se les va a quedar la cara de cuadro.
Lo peor de todo es que muchos jubilados no lo van a entender porque  es sabido que la izquierda basa sus postulados en la mentira y en el engaño. Pero la derecha ‘Mariana’ no parecía moverse por esos mismos derroteros; daba otra sensación: confianza, seguridad,…. Al final, tanto me da que me da lo mismo. La actualización de las pensiones basada en el coste de la vida queda anulada con el exagerado recargo del IRPF; no solo lo van acusar los ‘curritos’ sino todo contribuyente, incluidos los pensionistas. ¡Mal empieza Mariano! Doy fe.
No serán todos los jubilados quienes se lleven el chasco pero hay más sorpresas negativas: la congelación salarial de los funcionarios (eso hará que muchos funcionarios compaginen su condición de funcionarios con otros puestos de trabajo para completar el mísero  sueldo funcionarial, pues de todos es sabidos que miles de ellos se ven en la necesidad de compaginar varios trabajos para poder subsistir), el aumento de la jornada laboral (aunque acabará siendo una mofa integral, porque quienes hacían más horas de la cuenta, acabarán haciendo lo estrictamente marcado por la ley) y  la reducción al mínimo de la oferta de empleo público. Lo más llamativo, y que hará que los funcionarios no trabajen ni un minuto más, es lo publicado por el BOE respecto a que los  funcionarios públicos se quedarán en el año 2012 sin aportaciones para sus planes de pensiones.
Con las medidas del Gobierno, la mofa va a ser integral en muchos aspectos. Y no solo no va a ahorrar sino que el resultado va a ser muy negativo. Todo el apoyo que parecía haberse ganado Mariano, se va a convertir en absentismo inevitable. Miren ustedes: no tiene sentido bajar el sueldo a los funcionarios (la congelación más la subida del IRPF da como resultado descenso del sueldo) y mantener miles y miles de liberados sindicales, cuyo coste supone varios miles de millones de euros, no solo por el coste en sí sino porque hay que reponer personal en su puesto de trabajo. Esa reposición se llama abuso mientras los sindicatos no corran con el coste de las liberaciones.
En fin, como decía Lorca: “mira a la derecha y a la izquierda del tiempo y que tu corazón aprenda a estar tranquilo”.

Quizás se deba este complejo de inferioridad a que la derecha, como colectivo político, es en buena medida una creación de la propia izquierda. Pues es incuestionable que el primer partido que nace con la Revolución Francesa,  recibe el apelativo  de izquierdas y está formado por una gran masa de burgueses y campesinos que, cansados de aguantar injusticias y de pasar hambre, se levantan en 1789 contra el poder establecido. Dirigidos por Robespierre, por Danton y por Marat, al grito de  ”Libertad, Igualdad y Fraternidad”, asaltan violentamente la Bastilla y ponen fin al antiguo régimen absolutista. Y esta izquierda radical y revolucionaria comenzó a considerar de derechas a sus enemigos políticos, a los conservadores que se oponían a cambiar por la fuerza el orden preestablecido.

El caso es que, mientras la izquierda, a pesar de sus fracasos electorales, se regodea de su significación política y hasta se permite el lujo de mostrar como propias ciertas conquistas sociales en las que no ha tenido ni arte ni parte, la derecha se avergüenza de sí misma y busca subterfugios para disimular su situación política. Pendientes siempre del “qué dirán”,  abominan de la derecha y buscan con ahínco posiciones más neutras y menos comprometidas, como es el centro. Ni siquiera se atreven a celebrar sus propias conquistas sociales, normalmente más importantes que las de la izquierda. Su obsesión exclusiva es estar continuamente viajando al centro, sin darse cuenta que esto implica inestabilidad, ya que su posición dependerá siempre de la que ocupen las demás fuerzas políticas.

No es pues de extrañar que, dentro del Partido Popular, nos encontremos con mentes tan preclaras que, para rivalizar en ese supuesto progresismo con la izquierda, no admitan más valores esenciales dentro del partido que la libertad, la tolerancia y la solidaridad. Y  quien así piensa, claro está, parece que le molestan hasta los votos que provienen de gentes que se confiesan abiertamente de derechas. Que se lo pregunten, si no, a Nacho Uriarte, presidente nacional entonces de Nuevas Generaciones, que hasta se permitió el lujo de recomendar a los votantes de derechas que hay en España, que se busquen otro partido. Fue en una entrevista concedida al programa “La Quinta Columna” de Radio Intercontinental de Madrid.

Si los votantes históricos “de derechas”,  al no encontrar  en el Partido Popular los planteamientos ideológicos y políticos propios de un partido “de derechas”, cambiaran su voto, el Partido Popular dejaría de ser inmediatamente una opción de gobierno. Pues no podemos olvidar que, una inmensa mayoría de votantes “de derechas” se da perfecta cuenta de que, entre la clase dirigente del partido hay demasiados oportunistas y socialdemócratas que no comparten los valores familiares y religiosos tradicionales. Y esto les obliga, a veces, a votar con la nariz tapada.

De todos modos, aunque no son todos los que están, ni están todos los que son, no creo que sea mucho pedir que los que están sean valientes y se olviden de una vez del “qué dirán” y dejen de guiarse por lo que es o no es políticamente correcto. Es imperdonable que se cometan ahora los mismos errores que en 1996 cuando llegaron por primera vez al Gobierno. Entonces era comprensible que se “pasara página” y se mantuviera a gente que había sido nombrada por Felipe González. Fue un grave error, pero disculpable por la bisoñez del Gobierno de Aznar. Hoy sería inconcebible que se cayera en el mismo error; y mucho más, si tenemos en cuenta lo que sucedió entonces por no cortar por lo sano desde un principio.

Aunque de aquella lo pagamos muy caro, algunos miembros del Gobierno de Mariano Rajoy, por lo que parece,  no aprendieron debidamente la lección. Y están cometiendo errores muy similares. Para que no digan que son sectarios y les tengan por progres eligen para secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación a Carmen Vela Olmo, una miembro destacada de la Plataforma de Apoyo a Zapatero y que en estas últimas elecciones participó muy activamente en la campaña del candidato Alfredo Pérez Rubalcaba. Una señora  que aplaudió a rabiar los insultos vertidos por el cineasta José Luis Cuerda contra el Partido Popular, sobre todo cuando soltó esta frase: ”para que no vuelva el PP que es la turba mentirosa que piensa desde su imbecilidad que todos somos más imbéciles que ellos”.

Fue la propia Carmen Vela la que escribió y leyó en febrero de 2008 aquel famoso manifiesto de los artistas de la ceja, titulado Defender la alegría, en el que se mostraban plenamente rendidos  a Zapatero. Su sectarismo ideológico es de tal calibre, que no se conformó con apoyar la nueva ley del aborto aprobada por la administración socialista. Firmó además el “contramanifiesto” famoso, escrito para  censurar el llamado “Manifiesto de Madrid”, subscrito por un buen número de catedráticos, académicos e investigadores de renombre, oponiéndose a la nueva ley del aborto. En dicho “contramanifiesto” se defendía la solemne patochada de Bibiana Aido, afirmando que no se pueden usar criterios científicos para considerar “humano” a un no nacido.

El bagaje profesional de Carmen Vela Olmo es muy limitado. Es licenciada en Química y graduada en Bioquímica por la Universidad Complutense. Jamás ha estado al frente de ningún proyecto importante de investigación, ni ha gestionado nada  dentro de la Administración. Casi su único aval se reduce a la presidencia, entre 2007 y 2010, de la Asociación de Mujeres  Investigadoras y Tecnólogas, una de esas asociaciones prácticamente feministas, puestas de moda en la era Zapatero. Que Luis de Guindos haya elegido a esta mujer para ocupar el importante cargo de secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, a pesar de su bajo perfil profesional,  sorprendió enormemente a la misma comunidad científica.

Con este nombramiento, se cubre de gloria nuestro flamante ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Si conocía de antemano la vida, las obras y los milagros de Carmen Vela y, a pesar de todo, la nombra secretaria de Estado, habría cometido una enorme torpeza política. Sería tanto como menospreciar a las personas del Partido Popular o independientes que, sin lugar a dudas, tienen una preparación científica incomparablemente mejor que la agraciada. Todo un error mayúsculo del ministro, ya que daría a entender que le importan un pito los principios y las manifiestas referencias ideológicas, enviando así  un mensaje  demoledor a los militantes del Partido Popular e incluso a todos sus votantes.

Si Carmen Vela era una perfecta desconocida para Luis de Guindos y alguien le aconsejó tan sorprendente nombramiento, está ya tardando demasiado en cesarla fulminantemente, si es que ella no tiene la gallardía de dimitir. Es cierto que, como dice la recién nombrada secretaria de Estado, “la ciencia no tiene color político”. Pero no es menos cierto que Carmen Vela sí tiene color político, y  muy definido por cierto. Mantener el nombramiento de esta mujer sería tanto como mantener a sabiendas un topo peligroso del PSOE en la estructura del Gobierno del Partido popular. Ya harán bastante daño, de manera inevitable, los topos o submarinos ocultos que pueda haber entre los propios funcionarios.

No es solamente este el posible desliz del ministro de Economía y Competitividad a la hora de seleccionar sus directos colaboradores. Parece que a Luis de Guindos le van las personas alejadas ideológicamente del ideario del Partido Popular. A la sonada elección de una miembro destacada del clan de la ceja, hay que agregar también el nombramiento de Concha Martín como directora de Comunicación de su ministerio. Hay que recordar que Concha Martín es una histórica de El País, un diario abiertamente socialista, desde donde ponía a caldo a los responsables de Economía del Gobierno de Aznar, entre los que estaba el propio Luis de Guindos como Secretario de Estado y número dos de Rodrigo Rato.

Demasiadas casualidades. Quizás Luis de Guindos, con estos nombramientos,  se haga acreedor del título de progre del año y que los socialistas no le tilden de sectario y mucho menos de facha o fascista. Pero habrá hecho un flaco favor  al Partido popular y a sus votantes. Menos mal que no se ha completado la fiesta manteniendo a Juan Antonio González, el famoso JAG del caso Malaya y del caso Gürtel,  en un puesto de responsabilidad dentro del ministerio de Interior. El famoso súper policía de Rubalcaba y jefe de la Policía Judicial, sí que trató de acercarse al Partido Popular, pero afortunadamente, por lo que parece, en dicho mnisterio soplan otros vientos muy diferentes.

Gijón, 11 de enero de 2012

José Luis Valladares Fernández

Me ha molestado sobremanera la reducción de 600 millones en investigación,  innovación y  desarrollo, me parecen la Santa Inquisición de los cortos de miras.  Para mí, invertir en I+D, es una prioridad tan importante, que puede equipararse a la de  Arthur Más con la lengua y las embajadas, que ya es decir.

Estoy desconsolada, un científico cobra lo mismo que un concejal de cualquier ciudad pequeña -entre comisiones de servicio y delegaciones-, me aclaran. Se me ocurre que  podríamos organizar una campaña donde se cambiara  un concejal por un científico y como tenemos un total de 18.938 pueblos, nos colocaríamos como el país con más investigadores de Europa. Y sería la bomba si pudiéramos hacer  un dos por uno, para que estuvieran pagados honestamente y no tuvieran que emigrar.

Pido un gesto, algo que me diga que la crisis también les va a afectar un poco y  como Ricardo Costa  me conformo con 100 gramos de caviar, porque seguro que obtenemos la misma rentabilidad que la infanta Cristina.

Alguien puso ‘luz’ en la frente de Juan Vicente Herrera y éste, como pardillo en el aire, pensó que todo el monte era orégano. No se le ocurrió otra cosa que dar el visto bueno al ‘céntimo sanitario’ y apenas unos días después pudo comprobar cómo ‘juraban en arameo’ la ciudadanía y la Federación de Asociaciones de Empresarios de Estaciones de Servicio de Castilla y León.
Esa Federación no se ha limitado a la protesta sino que ha mostrado su oposición más firme porque advierte una clara desventaja con respecto a las comunidades limítrofes. Es evidente que la ciudadanía de las localidades limítrofes con Cantabria, País Vasco, Rioja, Aragón y Navarra va a acercarse a repostar a ellas, dado que no aplican ningún tipo de recargo.
La medida va a suponer un escarmiento para los torpes asesores de Juan Vicente Herrera: donde pretendían lograr alrededor de 140 millones de euros al año, según una primera estimación, pueden encontrarse con un descenso de cerca de 200 millones. Las pérdidas van a ser tremendas para los surtidores de Castilla y León que estén limítrofes a esas comunidades. En tiempo de crisis hay que ahorrar de donde se pueda y como se pueda. Hace tiempo venimos comprobando que en Castilla y León las obras no solo no se acaban sino que se abandonan. Ni los propios dirigentes creen en la comunidad. Evidentemente, mucho menos los políticos de la oposición.
La avaricia rompe el saco y la ambición se la van a tener que ‘comer’ con sapos y culebras. La Junta de Castilla y León pensó que con el ‘céntimo sanitario’, a razón de 4,8 céntimos por litro de combustible que se repostara en la comunidad, iba a ver saneadas sus maltrechas y peor gestionadas arcas. La intención era financiar la prestación sanitaria en la comunidad. Apenas han pasado unas semanas  desde el anuncio de la aplicación del ‘céntimo sanitario’ y ya han empezado las dudas, las críticas y el nerviosismo.
Al finalizar el ejercicio económico 2012 comprobarán sus errores y volverá a intentar la consejera de Hacienda colocar un par de cientos de millones de euros en deuda pública para poder cerrar el ejercicio, como ha tenido que hacer en 2011. Las torpezas se pagan pero la falta de seriedad de esta comunidad hará que no haya responsables, como en el reciente robo, corrupción, abuso del dinero de los EREs y uso de caudales públicos para la prostitución en Andalucía.
Es cierto que la financiación de la sanidad precisa de un replanteamiento integral y nacional. Ha habido muchos abusos por parte de las Administraciones y, en ocasiones, no ha faltado la picaresca; ahí tienen el hecho de la llegada de extranjeros, donde solo uno trabajaba pero se inscribía en la cartilla sanitaria a una docena como beneficiarios o se aprovechaba para traer a familiares que precisaban un tratamiento que en su país era imposible de cubrir por las arcas públicas. Y no hablemos del abusivo gasto farmacéutico, con la compra de medicamentos para su posterior envío a otros países o la dispensación de decenas de recetas gratuitas a quienes nunca habían contribuido.
Toda esa picaresca y la ‘vista gorda’ de la Administración nos han llevado hasta aquí. En Castilla y León, la situación de abuso se ha desorbitado de tal forma que se ha implantado el máximo del gravamen, pues según Herrera Campo había que compensar el desequilibrio. Lo que no ha confesado el presidente es que a él le venía bien para salvar la cara.
No tardarán en verse los resultados negativos de esta medida. Donde se pretendía recaudar, no habrá tal recaudación, porque al descender el gasto Castilla y León se convertirá en perdedora a costa de la mejora y del regodeo de las comunidades limítrofes. El conocido como  ‘céntimo sanitario’ es un impuesto indirecto estatal que se creó en el mes de enero de 2002 y que se cedió a las comunidades autónomas, con la excepción de Canarias, Ceuta y Melilla.
En Castilla y León no se había hecho uso de ese impuesto hasta ahora y, recientemente, se ha incluido en el anteproyecto de ley de Medidas Financieras para 2012. Si bien es cierto que hay exenciones de los gasóleos profesionales que tienen su función en el ámbito agrícola y en las calefacciones, también es verdad que hay sectores cuya aplicación va a hacer que queden muy tocados, como el ámbito del transporte y pesca, entre otros.
Nos gustaría equivocarnos en el pronóstico y, una vez finalizado el ejercicio económico 2012, no tener que demostrar a nuestro presidente – Juan Vicente Herrera – lo que decía Paul Mason: “muchos políticos son como los libros de una biblioteca: los que están en los lugares más altos son los que menos sirven”