Irresponsables hasta el final

Hay actuaciones que, aún siendo legales,  son éticamente insostenibles y estéticamente inadmisibles. Y mucho más si son protagonizadas por responsables políticos. Es el caso del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos miembros, una vez vieron que perdían las elecciones, competían entre sí a ver quien gastaba más dinero público. Había que esquilmar las arcas públicas para que los que vinieran detrás, no encontraran en ellas ni telarañas. No teniendo dinero ni para hacer frente a las necesidades más urgentes, se complica su labor al frente de las instituciones, y les resultará más difícil arreglar esta situación económica. Y si es que quieren salir de esta, no les quedará más remedio que subir impuestos e imponer duros recortes, granjeándose así el descontento y el enfado de los ciudadanos.

Aunque han sido muchos los responsables políticos que, en todos los ámbitos, han obrado así, los casos más bochornosos fueron los protagonizados por Trinidad Jiménez, que ocupaba la cartera  del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y Valeriano Gómez, entonces ministro de Trabajo e Inmigración. No tuvo el más mínimo inconveniente Trinidad Jiménez para adjudicar 63 millones de euros un día después de perder las elecciones. Más sangrante es incluso el comportamiento de Valeriano Gómez que aprovechó su último día en el cargo para otorgar nada más y nada menos que 152 millones de euros en subvenciones.

Cuando un Gobierno pierde la confianza de los electores y, en consecuencia, sale derrotado en las urnas, sus miembros pasan a ser simplemente ministros en funciones y continuarán en el cargo hasta la toma de posesión de los del nuevo Gobierno. Y la más elemental decencia exige taxativamente que, quien se halle en esa situación, se limite a resolver cuestiones de puro trámite y se abstenga de abordar problemas de mayor calado. Y si lo hace, será siempre con la connivencia del Gobierno electo y siguiendo en todo sus instrucciones. Y conceder subvenciones millonarias, que se sepa, no es una cuestión de puro trámite. Y tanto Trinidad Jiménez como Valeriano Gómez eran ministros en funciones cuando abrieron su tómbola para repartir esa lluvia de millones de dinero público.

Justamente un día después de la debacle electoral de los socialistas, el 21 de noviembre del pasado año, la ministra en funciones de Exteriores, Trinidad Jiménez, tira de chequera y, por mediación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, funde de una tacada esos 63 millones de euros. Aunque buena parte de ese dinero lo distribuye fuera de España, destina  partidas muy jugosas para proyectos sumamente llamativos a desarrollar en España. Y además de llamativos, son también absurdos, y más si tenemos en cuenta la cantidad  de parados que tenemos en España, que sobrepasan los cinco millones.

La ONG española “Al Tarab”, por ejemplo, se lleva 250.000 euros para realizar durante los dos próximos años el “Festival de cine africano de Tarifa”. No menos importante es el encargo que recibe la “Fundación MUSOL” para que, a cambio de una subvención de 125.000 euros, se encargue de la  “Formación e implicación en la Educación para el Desarrollo de los políticos, funcionarios y técnicos de la administración local y autonómica”. Considera la afortunadamente ya ex ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, que es de suma importancia sensibilizar a los jóvenes de ciertas localidades españolas para que se impliquen “en la construcción de una Ciudadanía global para la lucha contra la pobreza”. De semejante proeza se encargará la “Liga Española de Educación y Cultura Popular” a cambio de 108.676 euros.

No acaban aquí las vergonzosas adjudicaciones de dinero, hechas a destiempo y olvidándose de otras necesidades mucho más urgentes. Con la lectura del Boletín Oficial del Estado del pasado 11 de enero, no sabe uno si reírse o montar en cólera. Son muchas las organizaciones agraciadas, además de las ya citadas, pero relacionadas prácticamente todas con el Lobby Gay o entornos feministas. Por citar alguna, nos encontramos con la “Fundación Triángulo”, que se lleva 100.000 euros; “Economistas sin fronteras”, premiada con 208.875 euros; la “Coordinadora Estatal de Organizaciones de Comercio Justo” que se embolsa 290.000 euros.

No cabe duda de que la afortunadamente ya ex ministra, Trinidad Jiménez, ha vivido  obsesionada porque las mujeres puedan disfrutar plenamente de sus derechos sexuales y reproductivos sin el menor inconveniente. Así habilita in extremis 316.904 euros para que las mujeres de Kayes, república de Mali, disfruten sin problemas de todos esos derechos sexuales. En la misma línea, entrega 169.958 euros para “reforzar la capacidad de los jóvenes del sector informal a exigir sus derechos de salud sexual y reproductiva a través de la cultura de Bamako, Malí”. Ella sabrá qué quiere decir con jóvenes del “sector informal”. Y aunque parezca una broma, suelta también 293.899 euros para resolver los “conflictos con los hipopótamos en Guinea-Bissau”.

La actuación del anterior ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez Sánchez es aún más sangrante que la de Trinidad Jiménez. Si Trinidad Jiménez se soltó el pelo un día después  de perder las elecciones, Valeriano Gómez lo hizo un día antes de que se constituyera el nuevo Congreso salido de las urnas,  en el que el Partido Popular va a tener la mayoría más absoluta de nuestra democracia. Los datos completos de semejante desvarío los tenemos en el Boletín Oficial del estado del pasado día 13 de enero. Y este ya ex ministro de trabajo no se anduvo con chiquitas  y, en su último día como ministro en funciones, distribuyo la importante cantidad de 152 millones de euros.

Son decenas de pueblos, tanto de Extremadura como de Andalucía, los que se beneficiaron de esta impensada lluvia de millones de euros, con la disculpa de impulsar el empleo agrario. Aunque la mayor parte de este pastel se lo llevó la Diputación Provincial de Cádiz, a donde fueron a parar, en 76 partidas diferentes, la friolera de 13.298.443 euros para fomentar el empleo agrario. Al lado de esta asignación, lo que se llevó, por ejemplo,  la Diputación Provincial de Córdoba, no pasa de ser una simple limosna, ya que solamente logró 778.000,88 euros.

Tampoco pueden quejarse las organizaciones sindicales mayoritarias por el trato recibido en este reparto de dinero. Fueron varas las partidas adjudicadas a CC.OO. como “Ayudas del subsistema de formación profesional para el empleo: formación profesional de ocupados”. La Confederación Sindical de CC.OO. recibió 7.480.141,26. La Federación de la Industria Textil-Piel, Químicas y Afines del mismo sindicato recibió tres partidas de dinero, una de 230.046,88 euros, otra de 41.820 euros y la última de 660.142,94 euros. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de dicho sindicato fue premiada con dos cantidades importantes, una de 181.900,00 euros y otra de 180.046,96 euros. También hicieron caja FECOMA.CC.OO y la Federación de Industria de CC.OO. El montante total de lo recibido por CC.OO. se acerca a  los 9,5 millones de euros.

La cantidad recibida por la UGT es muy similar a la recibida por CC.OO., unos 9,3 millones de euros distribuidos de la siguiente manera: La Federación de Industrias Afines de UGT se lleva 1.188.370 euros; FTCM-UGT recibe 175.171 euros; Metal Construcción y Afines UGT, 191.166 euros; las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son agraciadas con 111.306 y 112.000 euros respectivamente; y por ultimo la Unión General de Trabajadores de España es beneficiada con 7.600.053,65 euros.

Los empresarios tampoco han sido olvidados en este generoso reparto de subvenciones, toda vez que la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa y la CEOE se vieron recompensadas  con 6.669.491 euros y con 6.598.549 euros respectivamente. A estas cifras embolsadas por los sindicatos de CC.OO, la UGT y por los empresarios hay que sumar los 30.025.756,10 euros recibidos por la Fundación Metal Formación Cualificación y Empleo. Se trata de una entidad dedicada a dar cursos de formación con sede en Gijón y que está participada por los dos sindicatos y la Federación de Empresarios del Metal de Asturias.

Las circunstancias en que fueron concedidas estas subvenciones, dejan al descubierto la catadura moral del Gobierno de Zapatero. No buscan remediar necesidades apremiantes de los ciudadanos, ni siquiera buscan afianzar el bienestar social. Su única preocupación es la de dejar una situación económica lo peor posible para que, los que en breve se harían cargo del Gobierno, les resulte poco menos que imposible arreglar nuestra situación económica. Procuraron intencionadamente dejar deudas astronómicas en vez de dinero, para que el nuevo Gobierno se vea obligado a hacer auténticos malabarismos para enfrentarse a los problemas heredados y obligarles a imponer recortes y subir impuestos, esperando que así incomoden y enfaden a los ciudadanos afectados.

Gijón, 14 de enero de 2012

José Luis Valladares Fernández