Las elecciones municipales deben servir al cambio profundo, estructural que necesita el Estado.

Aprovechando la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas deseo tratar con Uds. aquello que nos afecta directamente como ciudadanos y que no funciona bien: el caos circulatorio, un alcantarillado insuficiente para las lluvias torrenciales y que huele mal en verano, parques periurbanos desatendidos, cortes de agua y luz, el guardia que sanciona infracciones leves o subsanables sin advertencia previa, las zonas azules de aparcamiento en las vías públicas que no minutan el tiempo real del estacionamiento… En definitiva, desaguisados que dan la impresión de que las tasas, cánones, peajes y multas que se pagan por el uso de estos servicios son insuficientes para darles solución.

Los ayuntamientos hacen una interpretación del interés general que les permita una economización de la sanción impuesta que, en más ocasiones de las deseadas, raya la ilegalidad en los fines, que no son meramente recaudatorios ni deben ser aprovechados a modo de impuesto local. El ciudadano comprueba cómo esta recaudación no revierte suficientemente en la conservación de las ciudades, ni en la planificación urbanística del extrarradio; tampoco en la seguridad vial, en la reducción de ruidos o en la adaptación para minusválidos.

Las opiniones sobre la efectividad de las sanciones son diversas. Algunos creen que ni siquiera las sanciones actuales son suficientes y que el sistema sancionador debería endurecerse en mayor medida para solucionar estos problemas. Otros optan por una mayor concienciación ciudadana desde la educación que sólo tendrá fruto a largo plazo.

Así como todos adecuamos nuestro comportamiento al precio de nuestras necesidades más inmediatas, también las políticas públicas tienen un presupuesto al que ajustarse. Da la sensación de que hoy día todo puede arreglarse con dinero y que lo importante entonces es recaudar más para después gastarlo allí donde la demanda social sea acuciante. El dinero como medio de producción paga el precio de una globalización puesta a sus pies, hecha a su medida. Lo mismo cabe exigir para las personas: que las prestaciones públicas estén hechas a su medida. Es cierto que la buena gestión tiene un precio, pero localizar las causas reales que la impiden lo reduciría.

La desorganización cunde y termina en un cúmulo de despropósitos que son cotidianos en nuestra vida y que se han asumido hasta el punto de tener que levantarse más temprano cada vez para evitar los atascos antes de llegar al trabajo o tener que pagar un precio mayor por el servicio público hasta el aeropuerto que el del propio billete de pasaje aéreo.

Desde las autoridades autonómicas y locales el mensaje es claro: previsión para evitar estos problemas, la misma precisamente de la que adolecen los organismos públicos. Igual sucede con los consejos sobre el ahorro de agua, electricidad y gas, mientras se aumentan tasas y cánones.

Toda esta revolución en el entendimiento de la calidad de vida tendría que ser una prioridad para los gobernantes locales. La baja política debe caracterizarse, desde la proximidad al ciudadano, por la metodología, es decir, la descentralización organizada, integrando a personas que demuestren estar capacitadas, humana y técnicamente, para obtener el máximo rendimiento de los medios. En definitiva, servir y no servirse.