Ocurrencias malintencionadas
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El partido socialista aquí en España, como en los mejores tiempos de Pablo Iglesias, sigue valiéndose de la mentira y del engaño para conseguir sus fines. Si analizamos el famoso debate, protagonizado por Pedro Solbes y Manuel Pizarro en vísperas de las elecciones generales de 2008, veremos que el antiguo Ministro de Economía y Hacienda mintió a discreción, ocultando cantidad de datos interesantes y desfigurando otros muchos. Se empeñaba desvergonzadamente en desmentir a Manuel Pizarro que era el que, de manera descarnada, decía la verdad y exponía honradamente las situaciones dramáticas que viviríamos si de manera urgente no se tomaban las medidas oportunas.
El pueblo desoyó las prudentes advertencias de Pizarro y creyó mayoritariamente a Pedro Solbes y, en consecuencia, el PSOE ganó las elecciones, llevándonos a este tremendo fracaso económico que padecemos. Una gran parte de los que entonces votaron alegremente a Zapatero, hoy se han dado cuenta de su tremendo error y, aunque tarde, se han dado cuenta de que se trata de un personaje tan sumamente incapaz como incompetente, que ni ha sabido ni ha querido adoptar las medidas precisas para evitar nuestra más que posible quiebra económica. Cuando la crisis económica ya estaba haciendo verdaderos estragos en nuestro tejido industrial, Zapatero insistía en que estábamos en la “champions league” de la economía mundial.
Ni “champions league”, ni gaitas. Estamos padeciendo una terrible crisis económica, agravada innecesariamente por la tozudez de un Gobierno incompetente que, en vez de coger el toro por los cuernos, se ha limitado a ensayar simples y torpes ocurrencias. Según dice Alfredo Pérez Rubalcaba, con toda la mala uva de que es capaz semejante personaje, “Se puede salir de la crisis por la izquierda, todos juntos, o por la derecha, con recortes y privatizaciones”. Ni que fuera de derechas todo el Gobierno de Zapatero, incluido el propio Rubalcaba que fue vicepresidente primero del mismo hasta hace muy pocas fechas, pues han intentado salir de la crisis “con recortes y privatizaciones” exclusivamente.
En vez de ajustes presupuestarios serios, Zapatero y los suyos han elegido el camino más fácil y menos efectivo: los recortes sociales a las personas más necesitadas. Ahí está, por ejemplo, la supresión de aquellos 420 euros iniciales, que percibían los parados de larga duración cuando habían perdido el derecho a la prestación por desempleo. Tenemos también la reducción salarial aplicada sin contemplaciones a los trabajadores públicos y, cómo no, la escandalosa congelación de las pensiones y el aumento de la edad de jubilación. Sin embargo no han querido meter la tijera al dinero destinado a la sospechosa ayuda al desarrollo, que es por donde se van cantidades ingentes de euros. Tampoco quieren recortar lo empleado en el sector público y siguen empeñados en gastar o, para ser más exactos, en malgastar lo que no tenemos, fundiendo siempre más de lo que se ingresa.
Pedir al equipo de José Luis Rodríguez Zapatero que llegue a algún tipo de acuerdo con el Partido Popular ha sido siempre misión imposible. Y aún es mucho más difícil que hubieran aceptado alguna de las sugerencias procedentes del entorno de Mariano Rajoy. No olvidemos que los socialistas, dando muestras de una evidente inmoralidad política, aceptaron entusiásticamente lo del cordón sanitario propuesto por los titiriteros del NO a la guerra, y fueron los principales promotores del vergonzoso Pacto del Tinell. Ahora, sin embargo, piden árnica porque se ven ya en una dura y larga travesía por el desierto de la oposición. Y como no soportan un prolongado alejamiento de las áreas de poder, quieren concertar, a toda costa, algún tipo de acuerdo con el Partido Popular que les permita seguir participando de alguna manera en las decisiones oficiales del próximo Gobierno.
El primero en levantar la voz fue José Bono, actual presidente del Congreso, pidiendo claramente un Gobierno que llama “patriótico” de los dos grandes partidos nacionales. Dice que el PP y el PSOE deben entenderse y gobernar juntos para hacer frente, de una manera fiable, a la grave crisis que padecemos. No lo dice, pero fundado en uno de esos mantras absurdos, tan frecuentes en la izquierda española, seguro que piensa que ese Gobierno de coalición debe ser dirigido por alguien del PSOE. En todo caso, Bono está seguro que, con adelantar aún más las elecciones, no se solucionarían en absoluto nuestros problemas. Sí “sería bueno”, en cambio, que los mercados percibieran que el PSOE y el PP marchen juntos y unidos y den una sensación clara de que se entienden entre sí.
También Ramón Jáuregui, ministro de la Presidencia, se decanta por la conveniencia de que el PSOE y el Partido Popular consensuen, en la próxima legislatura, grandes acuerdos colectivos “en todo” que nos ayuden a salir de esta crisis. “España -dice- está llamada a abordar algunas reformas profundas e importantes, porque llegan nuevos tiempos”. Y sin acometer decididamente amplias reformas estructurales, consensuadas entre los dos grandes partidos, que agilicen la administración y eviten duplicidades, nuestra economía continuará siendo poco competitiva y, en consecuencia, no habrá solución posible para el enorme problema del paro que padecemos.
Más o menos, Ramón Jáuregui, en el tema de las diputaciones provinciales, está en la misma onda de Alfredo Pérez Rubalcaba. Según Jáuregui, el acuerdo entre el PSOE y el PP debiera servir para reformar las diputaciones. Es éste un tema que exige valentía para plantear “una reforma profunda” y “suprimir una exagerada estructura institucional”. Quieren que desaparezcan, de una tacada, las 38 diputaciones provinciales de las que prácticamente han sido barridos los socialistas, y se librarían de la quema, eso sí, las forales, los cabildos y los consejos insulares, donde aún conservan cierto protagonismo. Sería un Consejo de Alcaldes, según Rubalcaba el que sustituiría a las diputaciones en la administración de las provincias. Dicen que así, nos ahorraríamos unos mil millones de euros.
No sé si es obra de José Luis Rodríguez Zapatero, o es una aportación de otra mente privilegiada. El caso es que el Consejo de Ministros del pasado viernes, 19 de agosto, se descuelga con una última ocurrencia, tan luminosa o más que las anteriores y aprueba un Real Decreto Ley en el que, además de otras medidas, se obliga a las grandes empresas a liquidar anticipadamente el impuesto de sociedades. De este modo el Ejecutivo recaudaría en 2011 unos 2.500 millones de euros por adelantado. Aparte del perjuicio indudable que, con esta medida, se ocasiona a las empresas, es dinero que se dejará de recaudar en 2012. Dan por supuesto, claro está, que para esas fechas estarán ya fuera del Gobierno y serán otros los que apenquen obligatoriamente con esa complicada situación
Barrillos de las Arrimadas, 23 de agosto de 2011
José Luis Valladares Fernández
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